La demanda que cuatro países centroamericanos habían iniciado contra República Dominicana, por irrespetar las leyes internacionales del comercio recibió un importante apoyo de las autoridades mundiales en el tema.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) publicó en su sitio de internet los resultados del proceso, que inició con un panel dirigido por árbitros especializados. El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica pidieron a la OMC discutir si Dominicana había violado las leyes establecidas en tema de importaciones al bloquear la compra de sacos de material sintético (polipropileno) bajo argumentos de que dañaban la industria isleña.

“Básicamente confirmaron el informe que habíamos presentado semanas atrás, pero que era preliminar”, dijo Héctor Dada, titular del Ministerio de Economía (MINEC) en El Salvador. “El panel (arbitral) ha dado la razón a los países centroamericanos”, reiteró.

Según el resumen, que aún está en inglés, el panel concluyó que República Dominicana había “actuado inconsistentemente con sus obligaciones” vinculadas al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en una diversidad de artículos.

El análisis se hizo tomando como hecho que el bloqueo de las importaciones se trataba de una salvaguardia, es decir, medidas extraordinarias que toman los gobiernos para proteger a los empresarios de su país ante la llegada de productos extranjeros.

En la serie de artículos que reúnen las demandas de El Salvador, la OMC indica que parte del planteamiento que hiciera Dominicana para justificar la salvaguardia no se ajustaba a los términos de la GATT. Por ejemplo, las autoridades que llegaron a defender la medida habían excluido en la investigación algunos productos y empresarios de esa industria que buscaban proteger, pero que para propósitos del análisis de la medida debían incluirse.

Por otro lado, según el informe, República Dominicana “no pudo proveer explicaciones razonables y adecuadas con relación a la existencia de un daño grave” a su industria nacional, que fue su principal argumento para dificultar el comercio con los países demandantes.

Dada dijo que RD tiene hasta el 20 de febrero, fecha aproximada, para cuestionar la decisión de los árbitros. “Creemos que no hay ninguna manera de que puedan declarar alguna nulidad, no encontramos razón”, manifestó el funcionario de Economía.