El representante Charles Rangel, quien fue acusado de no reportar ganancias por el alquiler de una casa en República Dominicana, entre otros problemas de ética, anunció el miércoles su dimisión de forma temporal como presidente del poderoso Comité de Medios y Arbitrios del Congreso.

Rangel está siendo investigado por el Comité de Ética de la cámara baja y señaló que no quiere que la controversia ponga en peligro las aspiraciones electorales de sus compañeros de partido.

La decisión de Rangel, de 79 años, representa otra traba para el presidente Barack Obama y la mayoría de demócratas en el Congreso, en un momento en que el partido intenta de forma desesperada lograr la aprobación de una reforma de salud que lleva estancada en el Capitolio más de un año.

El congresista de Harlem, quien ya ha cumplido 20 términos en el Congreso, anunció la dimisión en una inesperada rueda de prensa.

"Mi presidencia está captando mucha atención de la prensa, y con el objetivo de evitar que mis colegas tengan que defenderme durante sus campañas electorales, he enviado esta mañana una carta" pidiendo a la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi "que me conceda una excedencia hasta que el comité de ética termine con su trabajo".

Los republicanos piden la dimisión de Rangel desde el año pasado, cuando el comité de ética amplió su investigación para incluir viajes que realizó el congresista, pertenencias y ganancias reportadas, uso de apartamentos de alquiler controlado en Nueva York y su solicitud de contribuciones para que un centro universitario llevara su nombre.

Después de que el comité anunciara sus conclusiones sobre sus viajes al Caribe el viernes pasado, Rangel también empezó a perder apoyo entre sus compañeros demócratas.

Como presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Rangel es la persona con más responsabilidad a la hora de formular las leyes fiscales del país. Sin embargo, fue acusado de no pagar impuestos sobre sus ganancias obtenidas alquilando una casa de veraneo en la República Dominicana.

Tampoco reportó activos con valor de cientos de miles de dólares en sus formularios anuales para el gobierno, incluyendo una cuenta de una cooperativa de ahorro y crédito con un valor de hasta 500.000 dólares.