Mucho ha sido el cuestionamiento hecho hasta por quienes no se interesan del tema aeroportuario, la alarma generada por el robo del avión del aeropuerto La Isabela, “Joaquín Balaguer” localizado en el Higüero la madrugada del domingo 23 de octubre y que posteriormente fue localizado en Venezuela. Las innumeras preguntas formuladas no solo por las autoridades correspondientes sino cualquier dominicano en particular. Pareciera como una cosa del otro mundo, pero en realidad no lo es desde el punto de vista por la solidez que prevalece en el sistema aeroportuario dominicano que se encuentra en uno de sus mejores momentos de desarrollo. Lo que sí quedo evidenciado hasta que niveles puede llegar la complicidad entre quienes laboran en cualquier aeropuerto. Puso a pensar también a los altos mandos sobre la vulnerabilidad de la seguridad nacional y hasta la responsabilidad que conlleva la actuación de cada cual en un hecho de esta naturaleza. Y de esto se desprende la comisión creada por el presidente Leonel Fernández quien ordenó profundizar las investigaciones. La comisión integrada el ministro de las Fuerzas Armadas (FFAA), teniente general Joaquín Virgilio Pérez Féliz, y el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, dio realce a la situación. El sistema de aviación civil y aeroportuario han avanzado indudablemente, suponiendo del momento actual nuevos retos y desafíos en lo que respecta a dos aspectos fundamentales: la seguridad operacional, que corresponde al primer término y la seguridad relacionada a infraestructuras, la parte humana y el personal que se ocupa de esta encomiable labor. Cada cual tiene cierta responsabilidad que cumplir, tanto en el movimiento de las aeronaves y el cumplimiento a los reglamentos de la aeronavegación o vuelos. Y otro a poner en práctica las normas establecidas tanto locales como internacionales cuando se refiere a la seguridad aeroportuaria que es intangible, de vigilancia y estricto cumplimiento, si quienes se ocupan de ella no lo practican entonces se produce lo que ocurrió con el mencionado caso del avión robado perteneciente al grupo Punta Cana, una situación de complicidad y de seguridad en sí. Ese malestar no es nuevo y lleva varios años.

En el caso de la aviación civil de orden técnico establece control de navegación y vigilancia en la aplicación de normativas de vuelo. En esto intervino como esta contemplado en los manuales que operan los controladores aéreos hubo visibilidad y se advirtió sobre el particular. Nadie quiere culpar a quien sino encontrar responsables como se ha estado haciendo para evitar situaciones futuras de índoles mayores. Nunca como antes se contaba con tantos adelantos en materia de aeronavegación, gestiones administrativas insuperables (corporativas), recursos económicos, equipamiento, excelentes recursos humanos, escuelas de instrucción, unidades de seguridad especiales, nuevas legislaciones que dan soporte a las instituciones del sector para estar conteste a requerimientos de acuerdos con organismos internacionales.

El papel fundamental del sector privado que administra los aeropuertos representa también gran aporte al sistema. Y el trabajo en conjunto ha dejado sus frutos que no se acaten es otro cosa.

Las nuevas leyes como la 491-06 y en consecuencia la recuperación de la categoría uno en materia de seguridad constituyen acontecimientos favorables para el mercado de diversas líneas aéreas locales y la República. Ese esfuerzo que se ha hecho de parte del Estado Dominicano, sector privado y los auspicios de acuerdo de cooperación como la Organización de Aviación Civil Internacional, (OACI) no variara si cambiaría el estatus de las personas que están al servicio de los aeropuertos algo difícil de detectar. Un elemento convincente que se puede incluir en la lista de prioridades que se puede citar en las tareas pertinentes del porvenir del sector aeroportuario dominicano. Este caso no ha encajado en la gravedad y magnitud que se ha visualizado en muchos medios de comunicación dado al momento actual en que se encuentra la aviación civil dominicana en una etapa de mayor florescencia y esplendor, y de continuo desarrollo, logrando establecer la continuidad de los procesos de cambios y readecuación tecnológica. Impulso del desarrollo de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas y la promoción de la aviación civil para que además de segura sea competitiva.

En término de Seguridad Aeroportuaria posee su recién ley aprobada apoyando su efectividad en su aplicación y posteriores resultados. De ahora en adelante las faltas y delitos cometidos en los aeropuertos dominicanos o que afecten la seguridad de la aviación civil podrán ser sancionados con penas muy severas, con la promulgación de la Ley No. 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10628, de fecha 22 de julio de 2011, la misma crea el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), en sustitución del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESA) creado mediante el Decreto No. 28-97. Este instrumento legal fue aprobado debido a requerimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en las auditorías realizadas al país a través del Programa Universal de Auditorías de Seguridad de la Aviación Civil (USAP); último este que fue implementado luego de los actos terroristas de los Estados Unidos de América, cometidos el 11 de septiembre de 2001. Con todo esto queda demostrado que este hecho ha colocado un punto a los temas del futuro que tienen que ver con el sector aeroportuario en sentido general. Solo hay que esperar el resultado final de las investigaciones que se realizan para el bien de todos los actores del sector. Hasta pronto. Yolandatapia110810@hotmail.es