By Rafael Castro 
Por: Rafael R. Ramírez Ferreira
“Lo que callas no desaparece,
se convierte en lo que te
domina por dentro”.
En relación con el sentido último de la vida, las discusiones suelen estar influenciadas por creencias, posiciones políticas e intereses particulares, así como por las circunstancias de cada momento histórico. Desde esa perspectiva, resulta pertinente reflexionar sobre si, en las guerras del pasado y del presente, han convergido de manera recurrente dos fuerzas principales: las creencias religiosas y los intereses económicos. Con frecuencia, estos factores se presentan bajo discursos vinculados a la defensa de la patria o de la nación, aunque en muchos casos pueden ocultar motivaciones de poder y beneficio material.
La experiencia histórica demuestra que, al concluir estos conflictos, las mayores pérdidas recaen sobre los sectores más vulnerables y sobre quienes combaten directamente, mientras los principales beneficiarios suelen ser los actores que acumulan poder político, influencia social o recursos económicos.
Esa realidad confirma que el poder, cuando se ejerce sin límites éticos ni controles institucionales efectivos, termina produciendo costos sociales superiores a cualquier ganancia individual o partidaria.
Por ello, la esperanza de un cambio significativo en la vida política solo puede sostenerse si se convierte en reformas visibles, controles eficaces y prácticas públicas verificables.
De lo contrario, la tolerancia frente al deterioro institucional normaliza la impunidad, erosiona la confianza ciudadana y posterga las decisiones que el país necesita adoptar con urgencia.
En ese punto sí existe una conclusión clara: la forma en que se ejecuta la política partidista en nuestro país no puede continuar sin consecuencias.
Cuando la lucha por el poder se impone sobre la ética profesional, la independencia institucional y el interés general, la nación pierde capacidad para corregir sus propios desequilibrios.
Las disputas por controlar los espacios del Estado, incluida la elección de altas autoridades judiciales, revelan una práctica recurrente: cada sector denuncia desde la oposición aquello que antes justificó cuando estuvo en posición de decidir, inclusive, haciendo que algunos se comportasen como Pedro negando al señor. Esa incoherencia debilita la legitimidad del debate público y confirma que el país necesita reglas más estables, instituciones menos capturables y una cultura política orientada al servicio, no al control.
No sé qué más decir en medio de esta abrumadora propaganda gris, cuyos ataques recibimos a diario, donde ya no sabemos si en realidad la modernidad es sinónimo de eficiencia, tal y como nos quieren hacer creer. Más bien, lo que parece es modernidad material sin que aparezcan quienes las sepan utilizar, empleando una oratoria engañosa para encubrir las ineficiencias, mientras el Estado crece de manera que más bien parece una alocada obsesión por el gigantismo que se niega a ver el abismo.
En tanto, nos desmoronamos institucionalmente, como lo es el caso de la destitución del director de la Policía, donde, al parecer, hubo un fallo operacional, pero que, con el problema político se hizo mutis, demuestra como las autoridades políticas viven en un eterno onanismo mental ante los hechos ominosos que corroen por dentro a prácticamente todo el Estado. Solo agregaremos, como en su momento alguien escribió o dijo, y es que sean bienaventurados aquellos al que ladran los cretinos, porque su alma nunca les pertenecerá. ¡Sí señor!