By Rafael Castro 
Santo Domingo, RD.–
El Poder Ejecutivo dispuso la extradición a Estados Unidos de tres ciudadanos dominicanos requeridos por la justicia de ese país por su presunta vinculación con graves delitos, entre ellos narcotráfico internacional, asesinato, homicidio involuntario, agresión, posesión ilegal de armas de fuego y fraude electrónico.
Las decisiones fueron adoptadas mediante los decretos números 716-26, 717-26 y 718-26, emitidos por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el ejercicio de las funciones del Poder Ejecutivo.
Los tres casos corresponden a procesos judiciales abiertos en distintas jurisdicciones estadounidenses, incluidos tribunales federales de Puerto Rico y Nueva York, así como la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado del Bronx.
Las disposiciones establecen que las extradiciones deberán ejecutarse con apego a las garantías previstas en el Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos, aprobado en 2016, instrumento jurídico que regula la entrega de personas reclamadas por las autoridades judiciales de ambos países.
Acusado de conspirar para introducir cocaína en Puerto Rico
Mediante el Decreto 716-26, el Poder Ejecutivo autorizó la extradición de Darío Bautista, requerido por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en una asociación delictuosa para introducir cocaína en territorio de Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación formal presentada el 28 de agosto de 2025 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Bautista habría participado en una conspiración para importar cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contuviera una cantidad detectable de cocaína.
El caso se enmarca en los esfuerzos judiciales estadounidenses dirigidos contra las redes dedicadas al tráfico internacional de drogas, particularmente aquellas que presuntamente utilizan el Caribe como parte de sus operaciones para introducir sustancias controladas en territorio estadounidense.
La acusación deberá ser conocida conforme a los procedimientos judiciales correspondientes, una vez que se concrete la entrega del requerido a las autoridades competentes.
Reclamado por asesinato y otros delitos violentos en Nueva York
En el segundo caso, el Decreto 717-26 dispone la extradición de Ramón Joaquín Romero Bastardo, requerido por la justicia del estado de Nueva York por cargos relacionados con delitos violentos, entre ellos asesinato en segundo grado y homicidio involuntario en primer grado.
La acusación, identificada con el expediente IND-74900-24, fue presentada el 29 de octubre de 2024 ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado del Bronx.
Además de los cargos de asesinato y homicidio involuntario, a Romero Bastardo se le atribuyen presuntos delitos de agresión en grupo en primer grado, agresión en segundo grado y posesión ilícita de un arma en cuarto grado.
La gravedad de los cargos sitúa este caso entre los tres procesos judiciales que motivaron las recientes disposiciones de extradición. Sin embargo, los hechos específicos que originaron las imputaciones no fueron detallados en la información suministrada sobre el decreto.
La entrega del requerido permitirá que el proceso continúe ante los tribunales estadounidenses competentes, donde deberán conocerse las acusaciones y determinarse las responsabilidades penales que correspondan.
Fraude electrónico ante un tribunal federal de Nueva York
El tercer caso involucra a Luis Arismendy Paca Méndez, cuya extradición fue dispuesta mediante el Decreto 718-26.
Paca Méndez es requerido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde enfrenta una acusación sustitutiva presentada el 12 de febrero de 2026 por su presunta participación en una asociación delictuosa para cometer fraude electrónico.
Este tipo de imputación está relacionado con presuntos acuerdos entre dos o más personas para desarrollar operaciones fraudulentas mediante comunicaciones o sistemas electrónicos. No obstante, la información oficial disponible sobre el decreto no especifica el mecanismo utilizado, el monto del supuesto fraude ni la cantidad de personas que habrían resultado afectadas.
El proceso deberá desarrollarse conforme a las normas judiciales estadounidenses, con las garantías correspondientes para el acusado.
Extradiciones sujetas a garantías legales
Las tres decisiones del Poder Ejecutivo deberán ejecutarse bajo las condiciones previstas en el Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos, aprobado en 2016, que establece el marco jurídico para la entrega de personas reclamadas por la justicia de ambos países.
Este procedimiento permite que las autoridades dominicanas atiendan solicitudes formuladas por tribunales extranjeros, siempre que se cumplan los requisitos legales y las garantías aplicables a cada expediente.
Con estas disposiciones, los tres ciudadanos dominicanos quedan sujetos al procedimiento de entrega a las autoridades estadounidenses para responder por los cargos que les atribuyen los respectivos órganos judiciales.
Los decretos comprenden acusaciones de distinta naturaleza, desde presuntos delitos vinculados al tráfico internacional de cocaína hasta hechos violentos y operaciones fraudulentas, y reflejan la cooperación judicial entre República Dominicana y Estados Unidos en la tramitación de solicitudes de extradición.
La extradición, sin embargo, no constituye una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de cada requerido deberá determinarse en los tribunales correspondientes, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.