By Rafael Castro 
Santo Domingo, RD.–
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) publicó los informes de gestión correspondientes al período 2019-2026, en los que presenta los principales avances alcanzados en materia de acceso a la justicia, transformación tecnológica, transparencia, eficiencia administrativa y reducción de los tiempos de respuesta, así como los desafíos que deberá enfrentar la nueva gestión de este poder del Estado.
Los documentos, puestos a disposición de la ciudadanía, recogen los resultados de las distintas direcciones administrativas y dependencias del Poder Judicial, con énfasis en los ejes estratégicos de Cero Mora, Transparencia y Acceso a la Justicia, considerados fundamentales para mejorar la calidad de los servicios que reciben los usuarios del sistema judicial dominicano.
Los informes fueron aprobados mediante las actas números 27-2026, 28-2026 y 29-2026, y abarcan las áreas técnicas, administrativas, financieras, legales y de carrera judicial, así como la Inspectoría General, Justicia Inclusiva, la Escuela Nacional de la Judicatura y el Registro Inmobiliario, entre otras dependencias.
Según la documentación, los resultados constituyen una referencia para dar continuidad a las iniciativas en marcha, evaluar los avances institucionales y orientar las decisiones de las nuevas autoridades judiciales.
Modernización tecnológica y reducción de los tiempos de respuesta
Entre los resultados más relevantes figura la transformación tecnológica de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, que incorporó herramientas como el trabajo en la nube, la firma electrónica, el depósito virtual de documentos y la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional.
Estas medidas contribuyeron a reducir los tiempos de tramitación a un promedio de 27 días, como parte de los esfuerzos para agilizar los procedimientos y facilitar la gestión de los asuntos judiciales.
Otro de los avances destacados corresponde a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, que informó sobre la implementación nacional del Sistema de Gestión de Casos (SGC), disponible actualmente en todos los tribunales del país.
La puesta en funcionamiento de esta plataforma busca consolidar un sistema de Justicia Digital más integrado y seguro, facilitar el seguimiento de los expedientes y mejorar la capacidad de respuesta de los órganos jurisdiccionales.
En el ámbito registral, el Registro Inmobiliario reportó una reducción del tiempo promedio nacional de respuesta de 26 días a menos de 10, mientras que el cúmulo de expedientes pendientes disminuyó de aproximadamente 28,000 a 11,600.
Estos resultados fueron atribuidos, principalmente, a la modernización tecnológica y a la incorporación de servicios digitales que permiten agilizar los trámites relacionados con el registro de los derechos inmobiliarios.
Fortalecimiento de la transparencia y los procesos disciplinarios
En materia de comunicación institucional, la Coordinación General de Comunicación y Asuntos Públicos destacó la implementación de una política orientada a fortalecer la transparencia, mejorar la difusión de las informaciones oficiales y acercar el Poder Judicial a la ciudadanía.
La estrategia procura establecer una comunicación más organizada e integrada, de manera que la población pueda conocer las decisiones, iniciativas y acciones desarrolladas por la institución.
Por su parte, la Inspectoría General del Poder Judicial informó sobre la agilización de los procesos disciplinarios mediante el establecimiento de plazos máximos de investigación, la optimización de la gestión de denuncias y la actualización de las normas aplicables a jueces, servidores administrativos y oficiales públicos.
Estas medidas están dirigidas a fortalecer los mecanismos de supervisión interna y contribuir a una administración de justicia más transparente y sujeta a controles institucionales.
Infraestructura judicial y acceso inclusivo
En cuanto a la infraestructura física, el informe señala que el Poder Judicial administra una red de 239 sedes en todo el territorio nacional. De estas, 213 corresponden a instalaciones jurisdiccionales y 26 a espacios administrativos, de apoyo y servicios.
La magnitud de esta red representa uno de los principales componentes operativos de la institución, debido a la necesidad de mantener instalaciones adecuadas para atender a los usuarios y garantizar el funcionamiento de los tribunales.
Mientras tanto, la Dirección de Justicia Inclusiva reportó avances en la consolidación de los Centros de Entrevistas y de Mediación Judicial, así como en la incorporación de la perspectiva de género y otras iniciativas destinadas a garantizar la igualdad, la no discriminación y el trato digno.
Estas acciones buscan facilitar el acceso a los servicios judiciales, especialmente para las personas que requieren mecanismos de atención adaptados a sus condiciones y necesidades particulares.
Formación judicial y planificación estratégica
La Escuela Nacional de la Judicatura también presentó avances en su desarrollo académico, con una oferta educativa diversificada mediante modalidades presenciales, virtuales, híbridas y asincrónicas.
La institución ha orientado sus esfuerzos a fortalecer la capacitación y actualización de los actores del sistema de justicia, en respuesta a las nuevas exigencias profesionales y tecnológicas.
De igual manera, la Dirección General de Administración y Carrera Judicial acompañó la ejecución de los planes estratégicos Visión Justicia 20/24 y Justicia del Futuro 20/34, mediante acciones dirigidas al fortalecimiento del talento humano, la modernización de las instalaciones y la mejora de los servicios judiciales.
En el área técnica, el Poder Judicial resaltó la organización de las Conferencias del Poder Judicial de 2024 y 2026, espacios que permitieron fortalecer los vínculos con actores nacionales e internacionales y promover el intercambio de experiencias sobre los procesos de transformación de la justicia.
Los informes también destacan el desarrollo de estudios, indicadores y propuestas técnicas para respaldar la toma de decisiones, dar seguimiento a la mora judicial y evaluar la experiencia de las personas que utilizan los servicios.
Resultados financieros y legales
En el ámbito financiero, la institución reportó mejoras en los procesos de formulación y ejecución presupuestaria, tesorería, contabilidad y control de operaciones, con el propósito de vincular de manera más efectiva los recursos disponibles con las prioridades estratégicas.
Por su parte, la Dirección Legal presentó resultados cuantificables de su labor durante el período evaluado, entre ellos la emisión de 805 opiniones jurídicas, la revisión de 752 contratos y la gestión de 75 convenios.
Asimismo, registró 425 resultados favorables en procesos judiciales, equivalentes a una tasa de éxito del 85.3 %, mientras que otros 87 casos permanecían en curso al momento de la presentación del informe.
Estas cifras reflejan el volumen de trabajo desarrollado por el área legal en apoyo a las operaciones y la defensa de los intereses institucionales del Poder Judicial.
Retos para la nueva gestión
Aunque los informes destacan avances en digitalización, eficiencia administrativa, infraestructura y acceso a la justicia, también reconocen la existencia de desafíos pendientes que deberán ser considerados por las nuevas autoridades.
La continuidad de las iniciativas de modernización, la reducción sostenida de la mora judicial, el fortalecimiento de la transparencia y la mejora de la atención a los usuarios figuran entre los aspectos esenciales para consolidar los resultados alcanzados.
Con la publicación de estos documentos, el Consejo del Poder Judicial pone a disposición de la sociedad una relación de las principales acciones ejecutadas entre 2019 y 2026, con el objetivo de facilitar el conocimiento de la gestión institucional y servir de referencia para la planificación de las próximas etapas de transformación del sistema judicial dominicano.
Los informes completos pueden consultarse en el portal oficial del Poder Judicial