By Rafael Castro 
EE.UU
Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos contra 28 ciudadanos extranjeros en California por presuntamente registrarse para votar o participar ilegalmente en elecciones estadounidenses, en el contexto de una operación nacional impulsada por el gobierno de Donald Trump para combatir el voto de personas que no tienen la ciudadanía estadounidense.
El Departamento de Justicia informó el lunes que los acusados son residentes permanentes legales que no cuentan con la ciudadanía estadounidense y, por tanto, no tienen derecho a votar en elecciones federales. Entre los delitos imputados figuran la presentación de registros electorales fraudulentos y la falsificación de declaraciones en solicitudes de naturalización.
La operación, denominada Proteger el Voto, se desarrolló en las cuatro fiscalías federales de California. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la administración republicana para perseguir las irregularidades electorales antes de los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
La agencia de noticias The Associated Press informó que la ofensiva federal se produce en medio de una disputa entre Washington y las autoridades de California por el acceso a los registros electorales y la verificación de la ciudadanía de los votantes.
Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, Trent McCotter, fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia, defendió las actuaciones judiciales y afirmó que el voto ilegal de personas no ciudadanas perjudica a los estadounidenses y al proceso electoral.
“Esto causa un daño real a las elecciones reales y un daño real a los ciudadanos estadounidenses”, declaró.
Sin embargo, los datos disponibles muestran que el voto de personas no ciudadanas es un fenómeno excepcional en Estados Unidos, difícil de demostrar y que no ha probado tener un impacto determinante en los resultados electorales.
Rob Bonta, fiscal general demócrata de California, rechazó las acusaciones de fraude electoral generalizado en el estado, que cuenta con aproximadamente 23 millones de votantes registrados. Reconoció que pueden ocurrir casos aislados, pero los describió como “una gota en el océano” frente al total del padrón electoral.
También cuestionó las pruebas presentadas por el gobierno federal y expresó su confianza en que California prevalecerá en el litigio. Afirmó que la administración Trump no ha proporcionado datos sobre votantes que no cumplen los requisitos legales, sino únicamente conclusiones que, a su juicio, carecen de respaldo probatorio.
Más de 100 acusados en 20 estados
El Departamento de Justicia anunció el lunes que había presentado cargos contra 113 personas en 20 estados durante las últimas semanas por delitos vinculados con la votación y la inscripción electoral.
La cifra incluye a personas acusadas de distintas infracciones electorales. El gobierno federal había informado previamente de cargos contra aproximadamente 90 personas por diferentes irregularidades en lo que va de año, entre ellas 50 que presuntamente votaron sin ser ciudadanos estadounidenses.
La ofensiva coincide con las exigencias del Departamento de Justicia para que los estados entreguen información detallada de sus registros electorales, incluidos datos personales como fechas de nacimiento, direcciones, números de licencias de conducir y números parciales de la Seguridad Social.
Algunos estados han entregado voluntariamente esa información, mientras que el gobierno federal ha presentado demandas contra 30 estados y el Distrito de Columbia para obtenerla. Aunque California no suele considerarse un estado decisivo en las elecciones presidenciales, alberga varias contiendas reñidas por escaños en el Congreso que podrían influir en el control de la Cámara de Representantes durante los dos últimos años del mandato de Trump.
Advertencia a los funcionarios electorales
El viernes, el Departamento de Justicia envió una carta a las autoridades electorales de California en la que advirtió sobre las posibles consecuencias penales de procesar deliberadamente papeletas emitidas por personas que no tienen derecho a votar en elecciones federales.
La comunicación, firmada por McCotter, señala que facilitar o ignorar conscientemente una infracción electoral federal puede dar lugar a investigaciones y procesos judiciales. La advertencia fue dirigida a la oficina del asesor legal del condado de Los Ángeles, con copias para la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y el registrador electoral del condado, Dean Logan.