Santo Domingo.–
El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este martes a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial al programa de asistencia social Supérate, que abarque los procesos de incorporación de beneficiarios, los desembolsos y los mecanismos de control. También pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar posibles irregularidades con implicaciones penales.
La solicitud fue presentada durante una rueda de prensa en la sede principal de la organización política, encabezada por el exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque, quien cuestionó los procedimientos utilizados por el Gobierno para incorporar nuevos beneficiarios a los programas de subsidios sociales.
Alburquerque denunció que mediante la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022, se dispuso la incorporación de 300 mil hogares al programa Aliméntate y otros 400 mil beneficiarios al Bonogás, para un total de 700 mil nuevas inclusiones, cuyo costo anual estimó en RD$8,196 millones.
El dirigente opositor sostuvo que esas incorporaciones se realizaron sin que los hogares fueran previamente evaluados y categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), organismo que, de acuerdo con la legislación, tiene la responsabilidad de identificar y clasificar a las familias en condiciones de pobreza.
Asimismo, cuestionó la Resolución 071-2026, del 21 de octubre, relacionada con la distribución del Bono Navideño, al considerar que establece mecanismos de selección y entrega que dejan al margen al SIUBEN de las funciones que legalmente le corresponden.
Durante su exposición, el exvicepresidente también puso en cuestionamiento el volumen de recursos destinados a los bonos navideños. Indicó que entre 2020 y 2025 fueron anunciadas asignaciones superiores a RD$19,000 millones y que el proyecto presupuestario de 2027 contempla otros RD$4,000 millones, lo que elevaría el monto acumulado a más de RD$23,000 millones.
En ese sentido, reclamó que las autoridades documenten las evaluaciones socioeconómicas utilizadas para determinar cuáles hogares califican para recibir las ayudas, a fin de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las familias que más los necesitan.
Alburquerque aclaró que la Fuerza del Pueblo no se opone a los programas de asistencia social ni a los subsidios destinados a los sectores vulnerables, sino a que estos sean utilizados con propósitos políticos y electorales.
Advirtió que las ayudas estatales deben responder a criterios de necesidad y transparencia, y no convertirse en mecanismos de clientelismo político.
«La pobreza no se combate abultando discrecionalmente los padrones», expresó el dirigente opositor, quien acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de utilizar las necesidades de la población con fines particulares.
La organización política insistió en que el manejo de los recursos públicos destinados a la asistencia social debe estar sometido a controles institucionales, transparencia y rendición de cuentas, para evitar que los programas concebidos para combatir la pobreza sean utilizados con fines ajenos a su naturaleza.

