By Rafael Castro 
Boston, Massachusetts – 12 de septiembre de 2025 –
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito falló este viernes a favor de la administración de Donald Trump en el caso Svitlana Doe vs. Noem, dictaminando que la terminación del programa de libertad condicional humanitaria CHNV –que beneficiaba a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela– fue probablemente legal.
El fallo autoriza de manera definitiva la cancelación del programa, que había sido implementado durante la administración de Joe Biden como una medida para ampliar las vías legales de migración y reducir los cruces fronterizos irregulares.
Con esta decisión, cientos de miles de beneficiarios pierden inmediatamente su estatus legal y su autorización de trabajo en Estados Unidos, lo que representa un golpe significativo para comunidades migrantes en todo el país.
El Justice Action Center, una de las organizaciones demandantes, confirmó la noticia mediante un comunicado en el que advirtió sobre el impacto humano de la decisión:
“Este fallo deja en la incertidumbre a familias que habían confiado en este alivio migratorio para establecerse de manera segura y legal en Estados Unidos”.
Adela de la Torre, subdirectora del Justice Action Center, publicó en su cuenta de Instagram una explicación en español del fallo para aclarar dudas a los beneficiarios, señalando que se trata del primer pronunciamiento formal del caso tras la decisión de la Corte Suprema en julio, la cual había permitido de forma provisional a la administración continuar con la cancelación del CHNV mientras el caso seguía su curso judicial.
La decisión del Tribunal de Apelaciones, con sede en Boston, marca un precedente legal importante sobre el alcance del poder del Ejecutivo para modificar o poner fin a programas de inmigración humanitaria.
Los abogados de los demandantes han advertido que evalúan llevar nuevamente el caso ante la Corte Suprema o solicitar una revisión en pleno del propio Primer Circuito.
Mientras tanto, organizaciones de defensa de migrantes han intensificado sus llamados a que el Congreso legisle una solución permanente para los beneficiarios del programa, muchos de los cuales ya habían comenzado procesos de integración laboral y comunitaria en Estados Unidos.