By Rafael Castro 
Santo Domingo, jueves 9 de octubre de 2025
La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron este jueves un acuerdo interinstitucional mediante el cual se crea la “Certificación de Pago al Día de Obligaciones Tributarias Aduaneras”, un nuevo requisito que deberán cumplir los proveedores del Estado que sean importadores u operadores aduaneros.
De acuerdo con el comunicado emitido por la DGA, la certificación entrará en vigor el 2 de enero de 2026 y será obligatoria para participar en los procesos de licitación pública. Solo podrán obtenerla aquellos proveedores que estén registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera.
La entidad explicó que, en los casos donde un proveedor mantenga acuerdos de pago vigentes por deudas aduaneras y se encuentre al día con sus cuotas, podrá recibir la certificación sin impedimentos. Además, el documento deberá estar vigente tanto al momento de firmar contratos con instituciones públicas como al registrarse ante la Contraloría General de la República.
Para los abastecedores no inscritos como contribuyentes, la DGA anunció la creación de un portal de consulta en línea, donde cualquier entidad podrá verificar si un proveedor figura o no como contribuyente aduanero, ingresando su número de cédula o RNC.
La medida se fundamenta en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y en el numeral 4 del artículo 37 de la nueva Ley 47-25, que refuerza las obligaciones de transparencia y cumplimiento fiscal en los procesos públicos.
El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, afirmó que el propósito de esta iniciativa es “garantizar que quienes suplen bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable”.
De su lado, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que la implementación del certificado fortalece los principios de integridad y legalidad en la administración pública y contribuye a una gestión más transparente de los recursos del Estado.
Con esta medida, ambas instituciones buscan consolidar una cultura de cumplimiento fiscal y ética administrativa, asegurando que los recursos públicos sean manejados por suplidores que cumplen cabalmente con sus obligaciones tributarias.