By Rafael Castro 
Santo Domingo.RD
El voto calificado del presidente Luis Abinader resultó determinante para que los jueces Pilar Jiménez Ortiz y Moisés Ferrer Landrón quedaran fuera de la Suprema Corte de Justicia, tras la más reciente evaluación de desempeño realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
De acuerdo con el acta CNM 010-25, ambos magistrados recibieron una votación dividida (4-4) entre los ocho miembros del consejo, lo que activó la prerrogativa legal que otorga al presidente de la República el voto de desempate.
En virtud del artículo 12 de la Ley 132-11, Abinader inclinó la balanza en contra de su permanencia, decisión que el CNM oficializó en el documento publicado el fin de semana.
El proceso de evaluación —celebrado a inicios del mes pasado— examinó méritos, desempeño, capacidad técnica y liderazgo judicial de los jueces que aspiraban a continuar en la Alta Corte.
Argumentos divididos
Los consejeros que respaldaron a Pilar Jiménez Ortiz destacaron su gestión al frente de la Primera Sala, donde logró eliminar un cúmulo histórico de más de 11,000 expedientes, algunos pendientes desde 1992.
Señalaron su disciplina de trabajo, la celebración de más de 7,000 audiencias y la emisión de 58 votos disidentes, muestra —según el acta— de su independencia y rigor académico.
Incluso resaltaron su designación como Comisionada Iberoamericana de Ética Judicial, honor que proyecta a la República Dominicana en el ámbito regional.
Sin embargo, los cuatro consejeros que votaron en contra —entre ellos el presidente Abinader— argumentaron que su decisión de posponer la aplicación de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación fue “inoportuna” y generó un vacío legal.
Además, consideraron que su desempeño mostró “inseguridad en la ecuación calidad/cantidad” de las sentencias emitidas, así como demoras injustificadas en los plazos de respuesta a demandas en suspensión de ejecución de sentencias.
Respecto al juez Moisés Ferrer Landrón, sus defensores resaltaron su participación como ponente en más de 450 proyectos de decisión y su intervención en más de 2,000 expedientes en distintas salas de la Suprema Corte.
También valoraron su presencia en foros internacionales —como la Conferencia de Tierras del Banco Mundial y la Conferencia del Poder Judicial— donde representó al país con solvencia técnica.
Pese a ello, el bloque encabezado por Abinader consideró que su rendimiento “no satisfacía” los criterios técnicos del reglamento 01-2025, que evalúa productividad, tiempos de respuesta, recusaciones, aportes doctrinales y formación continua.
El tercer juez evaluado, Manuel Read Ortiz, tampoco fue ratificado. Su caso terminó con seis votos en contra y solo dos a favor. Los consejeros señalaron su avanzada edad (72 años) como un factor determinante, ya que la ley establece los 75 como límite de retiro obligatorio, lo que impediría que completara más del 30% del período restante.
Con las salidas de Jiménez Ortiz, Ferrer Landrón y Read Ortiz, y las vacantes dejadas por Napoleón Estévez, actual presidente del Tribunal Constitucional, y Blas Fernández, quien declinó ser reevaluado, el CNM deberá llenar cinco posiciones en la Suprema Corte de Justicia.
El desenlace del proceso reafirma la influencia política e institucional del voto presidencial en las decisiones clave del Consejo, y marca un nuevo punto de inflexión en la composición del más alto tribunal judicial del país.