By Rafael Castro 
Santo Domingo, RD.—
Las autoridades dominicanas asestaron un duro golpe al narcotráfico tras desmantelar una supuesta red criminal que operaba desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), integrada por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En una acción coordinada entre la DNCD, el Cesac y el Ministerio Público, fueron arrestados Joel Emilio Barrera Mosquea y Wirkis Aníbal Brito Jerez, ambos adscritos al Cesac, así como Carlos Alberto Basden Santiago, miembro de la DNCD, quienes están señalados como parte de una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas desde la terminal aérea.
La investigación se originó a partir de dos decomisos realizados en el AILA durante los días 18 y 22 del presente mes de diciembre.
En el primero fueron ocupados 17 paquetes de sustancias narcóticas, mientras que en el segundo se incautaron 28 paquetes, en operativos separados que culminaron con la detención de tres ciudadanos de nacionalidad alemana.
De acuerdo con el proceso investigativo, los agentes arrestados se habrían valido de sus funciones y posiciones dentro del aeropuerto para facilitar el paso de “mulas” cargadas de drogas, las cuales eran transportadas en maletas y mochilas con destino final a Alemania.
Los 28 paquetes fueron hallados dentro de una mochila y una funda plástica, lo que permitió la detención de los extranjeros Kevin Maure y Jeremy Schmidt, quienes intentaron salir del país rumbo a Alemania por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia La Altagracia.
En tanto, los 17 paquetes restantes fueron descubiertos en el interior de una maleta perteneciente a otro extranjero que viajaría a Frankfurt, Alemania.
Los implicados Barrera Mosquea, Brito Jerez y Basden Santiago fueron puestos a disposición de la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, donde en las próximas horas se les conocerán medidas de coerción por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar profundizando las investigaciones y advirtieron que no habrá tolerancia frente a actos de corrupción vinculados al narcotráfico, especialmente cuando involucran a miembros de los organismos encargados de velar por la seguridad nacional.
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