Por Jos\u00e9 Alejandro Vargas<\/p>\n
Si los derechos fundamentales deben ser protegidos, tal como se supone que lo sean, entonces su jurisdiccionalidad requiere necesariamente la habilitaci\u00f3n de procedimientos espec\u00edficos para lograrlo, de forma tal que se habla entonces de la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, en el sentido de acci\u00f3n procesal que permite acceder a la jurisdicci\u00f3n, hacer peticiones, obtener respuestas en plazo razonable y ejecutar lo decidido.<\/p>\n
Esta denominaci\u00f3n de \u00abtutela judicial efectiva\u00bb aparece como referencia a dos derechos relacionados, como son el \u00abacceso a la jurisdicci\u00f3n\u00bb y el acceso a los recursos legales. La tutela judicial efectiva se define por lo menos en dos vertientes: normativamente, es considerada por los art\u00edculos 68 y 69 de la carta magna como el conjunto de mecanismos para obtener la satisfacci\u00f3n de derechos frente a sujetos obligados o sus deudores.<\/p>\n
As\u00ed, comprende un contenido complejo, incluyente de aspectos tales como el derecho de acceso a los tribunales; el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho; el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el derecho al recurso legalmente previsto.<\/p>\n
Para Carocca P\u00e9rez, como en el mismo sentido para Rodrigo Rivera, la tutela judicial efectiva garantiza la accesibilidad a la jurisdicci\u00f3n, la obtenci\u00f3n de una sentencia, la posibilidad de las partes de poder interponer recursos y la posibilidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia.<\/p>\n
No solamente implica derecho de acceso a la justicia y a obtener con prontitud la decisi\u00f3n correspondiente, sino que de igual forma implica la obligaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de \u00abdecir el derecho\u00bb. No extra\u00f1a, en consecuencia, que la normativa internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos haya producido varios instrumentos al respecto, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, as\u00ed como otros convenios internacionales.<\/p>\n
En cuanto al Convenio Europeo, su art\u00edculo 13 crea el \u00abderecho a un recurso efectivo\u00bb en los t\u00e9rminos siguientes: Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesi\u00f3n de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violaci\u00f3n haya sido cometida por personas que act\u00faen en el ejercicio de sus funciones oficiales.<\/p>\n
En la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogot\u00e1, Colombia, en 1948, en su art\u00edculo XVIII dispone: \u00abToda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos\u00bb.<\/p>\n
Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, eEn la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la resoluci\u00f3n 217A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, se estableci\u00f3 un sistema de derechos y garant\u00edas judiciales, entre las que procede citar el contenido de los art\u00edculos 8 y 10 de dicho texto, en virtud de los cuales:<\/p>\n
\u00abToda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n o por la ley\u00bb\u2026 y \u00abToda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser o\u00edda p\u00fablicamente y con justicia por tribunal independiente e imparcial, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusaci\u00f3n contra ella en materia penal\u00bb.n perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constituci\u00f3n .<\/p>\n
La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San Jos\u00e9 de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, se integra con una serie de disposiciones de relevante trascendencia en materia de tutela jurisdiccional, entre las que cabe destacar, en su cap\u00edtulo II atinente a los Derechos Civiles y Pol\u00edticos, la siguiente: \u00abArt. 8:<\/p>\n
Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la substanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb.<\/p>\n
En el art\u00edculo trascrito se hace referencia a las garant\u00edas judiciales de las cuales goza toda persona ante cualquier acusaci\u00f3n formulada en su contra; es decir, el derecho al debido proceso. Asimismo, el art\u00edculo 25 del mismo texto consagra el derecho \u00aba un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales\u00bb.<\/p>\n
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, suscrito en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, dispone al respecto que los Estados se comprometen a garantizar, entre otros, el derecho al recurso efectivo, incluso cuando las violaciones son cometidas por personas que actuaren en ejercicio de funciones oficiales.<\/p>\n
La tutela judicial efectiva puede traducirse en la garant\u00eda de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder p\u00fablico, aun cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acci\u00f3n concreta, criterio sostenido de forma reiterada por el Tribunal Constitucional dominicano (sentencia TC\/0264\/20).<\/p>\n
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