By Rafael Castro 
Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este jueves a colocar en el centro del debate uno de los temas más controvertidos de su agenda migratoria al firmar una nueva orden ejecutiva que busca restringir, en determinados casos, la ciudadanía de niños nacidos en territorio estadounidense.
La decisión representa el segundo intento de su Administración por modificar el alcance del derecho consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, apenas semanas después de que la Corte Suprema bloqueara una medida más amplia que pretendía limitar la ciudadanía por nacimiento.
Desde el Despacho Oval, Trump defendió la nueva orden como una herramienta para combatir el denominado "turismo de maternidad", práctica mediante la cual mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz y garantizar que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense.
El mandatario criticó con dureza la interpretación vigente de la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, al considerar que ha sido aplicada de manera excesivamente amplia. A su juicio, el objetivo original de esa disposición constitucional era reconocer la ciudadanía a los hijos de personas esclavizadas y no establecer un derecho universal para todas las circunstancias actuales.
Trump calificó de "muy desafortunada" la decisión de la Corte Suprema que invalidó su anterior intento de restringir este beneficio y aseguró que su Gobierno está realizando "ajustes" legales para enfrentar lo que considera una distorsión del sistema.
"Hay gente que está creando negocios en torno a esto", afirmó el presidente, al denunciar que personas con alto poder adquisitivo utilizan el sistema migratorio para asegurar la ciudadanía estadounidense de sus hijos.
A diferencia de la primera orden ejecutiva, la nueva disposición no elimina de forma general la ciudadanía por nacimiento, sino que establece excepciones específicas que, según la Casa Blanca, cuentan con respaldo en precedentes históricos y constitucionales.
La orden contempla cuatro escenarios concretos. El primero amplía las restricciones aplicables a los hijos de diplomáticos extranjeros y de otras personas vinculadas oficialmente a gobiernos extranjeros, quienes tradicionalmente no adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en el país.
La segunda categoría incluye a hijos de personas consideradas "enemigos extranjeros", entre ellos integrantes de organizaciones terroristas designadas por el Gobierno federal.
El tercer supuesto afecta nacimientos ocurridos en determinados territorios estadounidenses, aunque su aplicación dependerá de una eventual modificación legislativa por parte del Congreso. De acuerdo con la Administración, la principal población que podría verse impactada serían residentes de Puerto Rico.
La cuarta excepción está dirigida a los hijos de mujeres que, según el Gobierno, ingresen al país mediante engaño con el propósito específico de dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos. La medida también contempla determinadas situaciones relacionadas con madres sustitutas.
La nueva iniciativa surge luego de que, al inicio de su segundo mandato el 20 de enero de 2025, Trump firmara una orden ejecutiva mucho más amplia que buscaba negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados y de algunas personas con estatus migratorio temporal.
De acuerdo con estimaciones difundidas durante ese proceso, alrededor de 255,000 niños al año habrían resultado afectados por aquella política.
Sin embargo, el 29 de junio la Corte Suprema determinó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por tanto, conservan el derecho constitucional a la ciudadanía.
Pese a ese revés judicial, Trump mantiene su postura de que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada de forma incorrecta durante décadas y sostiene que las excepciones incluidas en la nueva orden ejecutiva son compatibles con la Constitución.
Con esta decisión, la Administración republicana reabre uno de los debates más sensibles del sistema migratorio estadounidense y anticipa una nueva batalla legal sobre el alcance del derecho a la ciudadanía por nacimiento, un principio constitucional que durante más de un siglo ha definido quién es considerado ciudadano de Estados Unidos desde el momento de su nacimiento.
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