By Rafael Castro 
SAN JUAN, Puerto Rico.–
En una nueva ofensiva política para poner fin al actual estatus territorial de Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González firmó este viernes una resolución legislativa que solicita formalmente al presidente Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos que aprueben la admisión de la isla como un estado de la Unión, con los mismos derechos y obligaciones que los demás estados de la nación norteamericana.
La decisión abre un nuevo capítulo en la prolongada controversia sobre el futuro político de Puerto Rico y coloca nuevamente la estadidad en el centro del debate entre los sectores que favorecen la anexión plena a Estados Unidos y quienes defienden otras alternativas de estatus político.
La mandataria, integrante del Partido Nuevo Progresista (PNP), defendió la iniciativa al sostener que su administración no se dejará intimidar por la posición de los partidos nacionales estadounidenses ni por las declaraciones de dirigentes que rechazan la incorporación de la isla como estado.
“No le temo a ningún partido nacional ni le temo a la expresión de ningún político nacional sobre la estadidad”, manifestó González al explicar que, a su juicio, la solicitud responde a un mandato del pueblo puertorriqueño que las autoridades locales tienen la responsabilidad de defender ante Washington.
La resolución, identificada como la Resolución Conjunta 66-2026, plantea que el Congreso ejerza las facultades que le confiere el artículo IV, sección 3, cláusula 1, de la Constitución estadounidense para promulgar una legislación que permita la admisión de Puerto Rico como estado en igualdad de condiciones con los otros integrantes de la Unión.
El documento fue aprobado en español e inglés y dispone el envío de copias al presidente Trump, al presidente del Senado federal, al presidente de la Cámara de Representantes y a todos los miembros del Congreso, con el propósito de formalizar el reclamo de las autoridades puertorriqueñas.
Un desafío directo a la Casa Blanca
La iniciativa representa un desafío político para la administración de Trump, quien se ha pronunciado públicamente en contra de conceder la estadidad tanto a Puerto Rico como al Distrito de Columbia.
En mayo pasado, el presidente estadounidense calificó de “desastre” la posibilidad de convertir ambos territorios en estados, al considerar que esa decisión podría alterar el equilibrio político en el Congreso, con la eventual incorporación de senadores y representantes demócratas.
Ese escenario constituye uno de los principales obstáculos que enfrentan los promotores de la estadidad, debido a que la admisión de Puerto Rico requeriría la aprobación de legislación federal y el respaldo necesario dentro del Congreso estadounidense.
Sin embargo, González aseguró que su gobierno está dispuesto a emprender una labor de convencimiento político tanto ante el presidente como ante los legisladores federales que mantienen reservas sobre la incorporación de la isla.
“Nos toca convencer no tan solo al presidente, sino a los representantes que hoy quizás tengan una interpretación equivocada sobre lo que es el territorio y cómo se comportaría políticamente”, expresó la gobernadora, quien afirmó contar con aliados republicanos y demócratas para impulsar la propuesta.
La mandataria sostuvo que no considera conveniente aplazar indefinidamente el reclamo y explicó que la resolución se presenta en un momento que, a su entender, permite comenzar a trabajar con el Congreso sin esperar hasta el último año de su mandato.
González indicó, además, que abogados constitucionalistas consultados por su administración recomendaron recurrir a una legislación de esta naturaleza como mecanismo para formalizar la petición de admisión de Puerto Rico.
La gobernadora destacó que, según su interpretación, se trata de un procedimiento dirigido a encaminar el reclamo ante el Congreso mediante una solicitud legislativa, en lugar de limitar el debate a las consultas electorales celebradas en la isla.
La estadidad vuelve a dividir a Puerto Rico
La firma de la resolución ha provocado nuevas diferencias entre los principales sectores políticos puertorriqueños, en una discusión que durante décadas ha enfrentado a estadistas, independentistas y defensores de mantener o modificar el Estado Libre Asociado.
El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, quien también preside el Partido Popular Democrático (PPD), cuestionó la prioridad concedida por el gobierno a la discusión del estatus político.
Hernández consideró que la iniciativa no producirá por sí sola un cambio en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos y sostuvo que la administración debería concentrar mayores esfuerzos en resolver problemas cotidianos que afectan a la población, particularmente las deficiencias de los servicios de electricidad y agua.
“El status no va a cambiar con este esfuerzo”, expresó el comisionado residente, al insistir en que las prioridades gubernamentales deben orientarse hacia las necesidades inmediatas de los ciudadanos.
González respondió con críticas a la posición de Hernández y lo acusó de mantener posturas cambiantes sobre el futuro político de la isla.
La gobernadora recordó que el comisionado residente presentó en junio una propuesta para impulsar un plebiscito federal que contemple distintas opciones, entre ellas la estadidad, la independencia, la soberanía en libre asociación y la continuidad del Estado Libre Asociado con posibles modificaciones.
“Uno tiene que ser consistente en sus posturas y no puede ser dependiendo de la noticia del día”, manifestó González.
La mandataria insistió en que el actual estatus territorial constituye uno de los obstáculos para el desarrollo económico de Puerto Rico y relacionó esa situación con los problemas estructurales que afectan a la isla.
A su juicio, la discusión no debe limitarse a los servicios públicos, sino que también debe abordar las condiciones políticas que determinan la relación de Puerto Rico con el Gobierno federal estadounidense.
Juan Dalmau denuncia una maniobra política
Las críticas también llegaron desde el independentismo. Juan Dalmau, excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), calificó la resolución como una iniciativa que, en su opinión, no representa un esfuerzo serio para resolver la cuestión del estatus.
Dalmau sostuvo que la gobernadora estaría utilizando la estadidad como instrumento político para desviar la atención de las críticas y controversias que rodean a su administración.
“Es un acto desesperado por parte de la gobernadora, que quiere utilizar el tema de la estadidad ante el repudio que ha generado su administración en las filas estadistas”, afirmó el dirigente independentista.
Sus declaraciones evidencian que el debate sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos continúa marcado no solo por diferencias ideológicas, sino también por enfrentamientos entre el gobierno y sus principales adversarios políticos.
Mientras el PNP defiende la incorporación plena a Estados Unidos, el PPD promueve otras fórmulas de relación política y el independentismo plantea la soberanía nacional, la resolución vuelve a colocar esas diferencias bajo el foco de la opinión pública.
Un reclamo que depende de Washington
Aunque la resolución constituye una declaración formal de las autoridades legislativas y ejecutivas puertorriqueñas, su firma no convierte automáticamente a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos.
La decisión definitiva depende de la aprobación de una legislación por parte del Congreso federal, que tiene la autoridad constitucional para admitir nuevos estados en la Unión.
Por ello, el principal desafío para González será transformar la declaración política en una iniciativa con suficiente respaldo en Washington, especialmente en un escenario en el que el presidente Trump ha expresado reservas sobre la estadidad y el apoyo republicano a anteriores proyectos relacionados con el estatus de Puerto Rico ha sido limitado.
La gobernadora tampoco descartó la posibilidad de que se celebre otro plebiscito antes de que concluya su cuatrienio, con el propósito de mantener activa la discusión sobre el futuro político de la isla.
La nueva ofensiva abre así otro frente de confrontación entre San Juan y Washington y reactiva una pregunta que ha dividido a Puerto Rico durante generaciones: si la isla debe convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, avanzar hacia la soberanía o mantener una relación política distinta con el Gobierno federal.
Por ahora, la resolución establece la posición oficial que González busca defender ante el Congreso. El desenlace, sin embargo, dependerá de la respuesta de Washington y de la capacidad de los promotores de la estadidad para convertir su reclamo en una decisión legislativa federal.