By Rafael Castro 
Santo Domingo-RD
El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, afirmó que, pese a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que despenaliza las relaciones sexuales entre adultos en instituciones castrenses y policiales, las Fuerzas Armadas continuarán aplicando de manera estricta su propio régimen disciplinario.
Durante el encuentro “La Semanal”, encabezado por el presidente Luis Abinader, Fernández Onofre respondió a preguntas de la prensa y dejó claro que la decisión judicial no modifica los estándares internos de conducta establecidos para el personal militar.
“Somos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, pero quiero que quede bien claro que, a pesar de esa sentencia, las Fuerzas Armadas mantienen su código disciplinario, que se aplica sin distinción a todos los militares que lo violen”, señaló el ministro, enfatizando el compromiso institucional con la normativa interna.
Sus declaraciones se produjeron pocas horas después de que el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, manifestara una postura similar. Guzmán Peralta reiteró que, aunque la institución acata las decisiones de la Alta Corte, también posee sus propias reglas y mecanismos de control.
“Somos obedientes a las decisiones emitidas, pero la Policía Nacional tiene sus normas y reglamentos, y organismos de control interno encargados de fiscalizar”, apuntó.
La sentencia TC/1225/25 anuló el artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que penalizaban la llamada “sodomía” con penas de hasta dos años de prisión.
El Tribunal concluyó que estas disposiciones vulneraban el principio de razonabilidad y constituían una discriminación injustificada hacia las personas homosexuales, además de afectar derechos fundamentales como la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo.
Con su decisión, el TC ordenó la eliminación de estos artículos del ordenamiento jurídico, generando un debate inmediato en los cuerpos de seguridad, que ahora deberán conciliar su disciplina interna con los alcances del fallo constitucional.