By Rafael Castro 
Santo Domingo, RD.—
El presidente del Partido Nueva Sociedad (PNS), en proceso de formación, y exdiputado de la República, Emigdio Mercedes, afirmó que la entrada en vigencia de la Ley No. 47-25 de Contrataciones Públicas del Estado Dominicano constituye un avance normativo importante, pero no será suficiente para disminuir ni controlar de manera efectiva la corrupción administrativa en el país
Mercedes sostuvo que la nueva legislación presenta brechas y debilidades estructurales que permiten la manipulación de los métodos y procedimientos de contratación, facilitando que estos se utilicen en beneficio de determinados oferentes. A su juicio, sin cambios profundos al marco legal, el país continuará enfrentando actos de corrupción que limitan la inversión pública y reducen el gasto de capital necesario para mejorar y ampliar la infraestructura nacional.
“Hace tiempo que vengo planteando la necesidad de reformas de fondo. De lo contrario, seguiremos viendo corrupción y una menor capacidad del Estado para desarrollar obras en todo el territorio nacional”, expresó el dirigente político.
El exlegislador cuestionó además el desempeño de los organismos llamados a velar por la transparencia y el control del gasto público, entre ellos la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y los veedores ciudadanos.
Según indicó, aunque estas entidades promueven la transparencia, no han logrado erradicar ni controlar la corrupción debido, en gran medida, a la “tentación, ambición y angurria” de muchos servidores públicos, con escasas excepciones.
Mercedes recordó que durante la vigencia de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, tampoco fue posible frenar la corrupción, por lo que entiende que, aunque las sanciones incluidas en la nueva ley son necesarias e importantes, resultan insuficientes para enfrentar el problema de raíz.
“El origen de la corrupción está en las negociaciones de sobornos o comisiones entre funcionarios y proveedores, y esta nueva ley no impide ese primer paso”, subrayó.
El dirigente político explicó que los sobornos o comisiones no suelen realizarse mediante cheques o transferencias bancarias, sino principalmente en efectivo y, en menor medida, en bienes como relojes, vehículos, mobiliarios, inmuebles o remodelaciones.
En ese sentido, alertó al sector financiero sobre los retiros sospechosos, en efectivo o fraccionados, de grandes sumas de dinero por parte de suplidores del Estado, los cuales —advirtió— también presionan al alza la tasa de cambio al ser convertidos en divisas o sacados del país.
Mercedes, quien fue presidente de la Comisión de Finanzas (hoy Hacienda) de la Cámara de Diputados, afirmó que cuando un proveedor soborna a un funcionario, ese costo se traslada al precio de las obras, bienes o servicios contratados, encareciéndolos de manera significativa y afectando directamente a la población dominicana.
Por el contrario, señaló que si los suplidores del Estado operaran sin sobornos ni comisiones, el país se desarrollaría con mayor rapidez, ya que los miles de millones de pesos que hoy terminan en manos de corruptos permanecerían en el Presupuesto General de la Nación para obras y programas de desarrollo.
Como propuesta concreta para disminuir y controlar la corrupción, Mercedes planteó introducir modificaciones a la Ley 47-25 que obliguen a los oferentes, antes y después de ganar una contratación pública, a entregar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sus estados de cuentas bancarias, certificados financieros u otros instrumentos monetarios, sin importar la fecha ni la moneda.
Asimismo, sugirió que el proveedor ganador, ya sea persona física o jurídica, deba autorizar formalmente al sector financiero nacional e internacional, cooperativas y otras entidades, a suministrar a la UAF toda la información financiera requerida.
De esta manera, explicó, la UAF podría investigar retiros de efectivo en pesos, dólares u otras monedas y determinar si estos no están debidamente justificados, lo que evidenciaría el pago de sobornos o comisiones para obtener contratos públicos.
Finalmente, Mercedes afirmó que estas medidas beneficiarían a los propios proveedores, al garantizar procesos verdaderamente limpios y transparentes, evitar retiros en efectivo considerados avances indebidos de dividendos —que además violan el Código Tributario (Ley No. 11-92)— y proteger a sus familias del impacto moral y social que generan los escándalos de corrupción cuando salen a la luz pública.