By Rafael Castro 
Santo Domingo- RD
El proceso judicial que se sigue contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, sumó este 20 de febrero de 2026 un nuevo capítulo, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazara su solicitud de levantamiento provisional del impedimento de salida del país para viajar a España por motivos de salud.
La decisión fue adoptada mediante resolución emitida ese mismo día, en la que los jueces consideraron que la petición carecía de sustento probatorio válido que justificara modificar la medida de coerción impuesta al imputado.
Rodríguez Sánchez, quien enfrenta cargos por presuntas violaciones a múltiples disposiciones del Código Penal y a leyes especiales relacionadas con corrupción administrativa y lavado de activos, había solicitado autorización para trasladarse al Hospital Ruber Internacional, perteneciente al Grupo Quirón Salud, en Madrid.
Según explicó su defensa, el exfuncionario tenía programada una cita con el urólogo Juan Carlos Ramírez Fernández para la evaluación de una enfermedad renal preexistente.
De acuerdo con los argumentos presentados ante el tribunal, Rodríguez padece un adenoma en el riñón izquierdo y litiasis renal recurrente, condiciones que afirmaron sus abogados— requieren seguimiento especializado e incluso una eventual intervención quirúrgica en el extranjero.
La barra defensora sostuvo que el exprocurador ha recibido tratamientos previos en los Estados Unidos, lo que, a su juicio, hacía recomendable que la evaluación y posible procedimiento se realizaran fuera del país, en un centro hospitalario con el que ya habría tenido historial clínico.
No obstante, la solicitud encontró una firme oposición tanto del Ministerio Público como de los representantes legales del Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) argumentó que no se produjo una variación real en las circunstancias que motivaron la imposición del impedimento de salida del país.
Los fiscales sostuvieron que la documentación médica aportada por la defensa no evidenciaba una situación de urgencia ni acreditaba que el imputado estuviera imposibilitado de recibir atención médica adecuada en la República Dominicana.
En ese sentido, señalaron que el sistema de salud local cuenta con especialistas y centros capacitados para tratar patologías renales como las descritas.
El tribunal acogió estos planteamientos y concluyó que no se cumplían los presupuestos legales para modificar la medida, subrayando que el impedimento de salida sigue siendo necesario para garantizar la presencia del acusado en el proceso penal que se desarrolla en su contra.
La decisión reafirma la postura de los jueces de mantener intactas las medidas de coerción mientras avanza el juicio de fondo, en uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años. Con esta resolución, el exprocurador deberá continuar enfrentando el proceso en territorio dominicano, bajo las restricciones impuestas por el tribunal.