By Rafael Castro 
El gobierno dominicano dio un paso firme en su política de cooperación internacional en materia de justicia al autorizar este martes la extradición de cuatro ciudadanos reclamados por tribunales de Estados Unidos y Puerto Rico, acusados de delitos graves que abarcan desde el narcotráfico hasta la explotación sexual infantil.
La decisión fue adoptada por el presidente Luis Abinader, mediante los decretos números 240-26, 241-26, 242-26 y 243-26, en respuesta a solicitudes formales de las autoridades judiciales extranjeras, en el marco de los acuerdos bilaterales de cooperación en materia penal.
Los dominicanos que serán entregados a la justicia internacional son Frank Maiky Báez Guerrero, Carlos Manuel Martínez de León, Ruddy Cénit Then ,conocido también como “Ruddy Cenitthen”, y Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias “Tico Tico”. Cada uno enfrenta acusaciones que reflejan la complejidad y alcance transnacional de las redes delictivas contemporáneas.
En el caso de Báez Guerrero, su extradición fue autorizada mediante el decreto 240-26. Es requerido por la justicia federal en Massachusetts, donde se le vincula presuntamente a una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
El expediente en su contra incluye cargos por distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como conspiración y utilización de medios de comunicación para facilitar actividades ilícitas, un patrón que evidencia la sofisticación de estas organizaciones en el uso de herramientas tecnológicas.
Por su parte, Carlos Manuel Martínez de León será extraditado en virtud del decreto 241-26, tras ser reclamado por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida.
Sobre él pesan 22 cargos relacionados con la distribución de material de explotación sexual infantil, uno de los delitos más severamente perseguidos por las autoridades internacionales debido a su impacto devastador en las víctimas y su creciente proliferación en entornos digitales.
Aunque los detalles de los decretos 242-26 y 243-26 no fueron ampliamente desglosados en la nota oficial, se confirmó que Ruddy Cénit Then y Miguel Isaac Miguel Jiménez también enfrentan imputaciones por delitos graves, entre ellos asesinato, narcotráfico y lavado de activos, lo que refuerza la magnitud de los casos y la relevancia de su procesamiento fuera del país.
La medida se inscribe en una estrategia más amplia del Estado dominicano para fortalecer la cooperación judicial con socios internacionales y combatir de manera más efectiva el crimen organizado, particularmente en delitos que trascienden fronteras como el tráfico de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo y las redes de explotación infantil.
Con estas decisiones, las autoridades dominicanas envían una señal clara de que el país no servirá de refugio para personas vinculadas a estructuras criminales internacionales, al tiempo que reafirman su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos de extradición y la lucha contra delitos de alto impacto.