By Rafael Castro 
Rafael Castro 28 de junio 2026
En una acción conjunta la Dirección General de Migración y el Ministerio Público arrestaron a un inspector de migración tras ser sorprendido en flagrante delito cuando se disponía a recibir 100 mil pesos de mano de una mujer para facilitarle su salida hacia el Reino Unido de España desde el aeropuerto Internacional de Punta Cana.
En La operación, ejecutada de manera conjunta por el Ministerio Público y la Dirección General de Migración (DGM), culminó con la detención de Carlos Javier Sánchez, quien fue sorprendido en flagrante delito cuando se disponía a recibir el dinero durante una entrega controlada previamente autorizada por una jueza.
De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó tras la denuncia de la presunta víctima, quien informó que el inspector migratorio le había solicitado la suma de RD$100 mil para permitirle abordar su vuelo con destino a España, utilizando su posición dentro del organismo estatal para obtener un beneficio económico ilícito.
A partir de esa denuncia, el Ministerio Público activó un operativo especial de vigilancia y seguimiento en coordinación con la Dirección General de Migración. Durante varios días, el imputado permaneció bajo observación hasta que se organizó una entrega controlada del dinero, procedimiento que contó con autorización judicial y permitió documentar la presunta conducta delictiva.
La operación estuvo amparada en el Auto No. 02535-2026, emitido el pasado 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
El arresto se produjo cuando Sánchez acudió a un punto acordado, ubicado en las afueras de un establecimiento comercial, para recibir el dinero exigido. En ese momento, los equipos de vigilancia del Ministerio Público intervinieron y procedieron con su detención.
La entrega controlada fue ejecutada por un equipo especializado de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, representado durante el operativo por el fiscal Miguel Crucey, quien coordinó las acciones junto a los organismos de inteligencia de la Dirección General de Migración.
Las investigaciones están siendo dirigidas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con el respaldo de la Dirección de Inteligencia de la DGM, encabezada por el general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD, así como de otros equipos especializados de inteligencia de la institución migratoria.
Las autoridades destacaron que este tipo de operaciones forman parte de la estrategia implementada por la actual gestión del Ministerio Público para fortalecer la lucha contra la corrupción administrativa y enfrentar las redes vinculadas al crimen organizado, mediante investigaciones preventivas y acciones coordinadas entre los organismos de persecución.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentará formalmente al imputado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, donde solicitará la imposición de medidas de coerción por los hechos que se le atribuyen.
Con este caso, las autoridades buscan enviar un mensaje de cero tolerancia frente a los actos de corrupción que comprometan la integridad de los servicios migratorios y la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas del control fronterizo y aeroportuario del país.