By Rafael Castro 
Washington, EE.UU. –
La política migratoria del presidente Donald Trump alcanzó durante el mes de julio uno de sus momentos de mayor intensidad, al registrarse más de 50,000 detenciones de migrantes en territorio estadounidense, la cifra mensual más alta desde el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca.
Los datos, confirmados a la agencia EFE por un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reflejan el endurecimiento de las medidas de control migratorio impulsadas por la administración de Trump, que ha ordenado ampliar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con la meta de alcanzar un promedio de 2,000 arrestos diarios.
El incremento también ha venido acompañado de una expansión de las redadas y operativos en distintos puntos del país, incluyendo aeropuertos, estaciones de transporte y comunidades donde residen inmigrantes, como parte de la estrategia del Gobierno para acelerar las deportaciones y reforzar el control fronterizo.
Las cifras representan un aumento significativo respecto al mes de junio, cuando las autoridades reportaron cerca de 43,000 detenciones, otro récord durante la actual administración. Aunque los datos de julio aún no han sido publicados oficialmente por el Gobierno estadounidense, fuentes del DHS confirmaron que el ritmo de las operaciones continúa en ascenso.
El endurecimiento de las acciones migratorias ha generado fuertes cuestionamientos por parte de legisladores de la oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denuncian el uso de tácticas excesivas por parte de los agentes federales y advierten sobre un incremento de incidentes violentos durante los operativos.
Las críticas se intensificaron luego de que en julio murieran dos personas por disparos de agentes migratorios. Se trata de Lorenzo Salgado, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine, hechos que reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza durante las intervenciones del ICE.
Pese a la controversia, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió la política de la administración y aseguró que las operaciones continuarán intensificándose.
"Yo no elijo qué leyes aplicar; hago cumplir las leyes de nuestro país. Eso significa que las haré cumplir tanto dentro de nuestra propia agencia como entre los delincuentes en las calles. Esa es mi garantía", declaró el funcionario al ser cuestionado por periodistas sobre los recientes incidentes.
No obstante, diversos estudios académicos ponen en duda la narrativa oficial de que las operaciones están dirigidas principalmente contra delincuentes peligrosos.
Una investigación divulgada recientemente por la Universidad de Colorado en Boulder concluye que solo el 34 % de las personas arrestadas por ICE desde enero de 2025, cuando Trump inició su nuevo mandato, había sido condenada previamente por algún delito, lo que significa que la mayoría de los detenidos no posee antecedentes penales.
Los cuestionamientos también alcanzan las condiciones dentro de los centros de detención migratoria. Datos recopilados por organizaciones independientes indican que, desde el retorno de Trump al poder, al menos 55 personas han fallecido bajo custodia del ICE, de las cuales 22 murieron durante el presente año 2026.
Asimismo, el portal especializado The Trace documentó al menos 30 incidentes en los que agentes del ICE utilizaron armas de fuego contra civiles, dejando un saldo de ocho personas fallecidas.
La situación ha despertado preocupación en organismos internacionales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó una investigación independiente sobre las muertes ocurridas durante los operativos migratorios y cuestionó la falta de transparencia de las autoridades estadounidenses en torno a estos casos.
Mientras la administración Trump sostiene que las medidas son necesarias para reforzar la seguridad nacional y hacer cumplir las leyes migratorias, organizaciones civiles advierten que el incremento de las redadas y detenciones podría profundizar la crisis humanitaria que enfrentan miles de inmigrantes en Estados Unidos y aumentar la tensión en comunidades donde residen millones de extranjeros, incluidos miles de dominicanos.