By Rafael Castro 
Nueva York.–
La defensa de la exfuncionaria venezolana Cilia Flores solicitó ante un tribunal federal de Nueva York que se le permita continuar el proceso judicial bajo arresto domiciliario, alegando que su estado físico requiere atención médica especializada que, según sus abogados, no puede recibir adecuadamente en el centro penitenciario donde permanece recluida desde enero.
La petición plantea un régimen de detención domiciliaria bajo estrictas medidas de seguridad, con el propósito de que Flores continúe bajo custodia de las autoridades estadounidenses mientras espera el desarrollo del proceso judicial que enfrenta junto a su esposo, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro.
De acuerdo con la propuesta presentada por sus abogados, Flores permanecería en una residencia privada en Nueva York, vigilada las 24 horas por guardias armados, mientras llevaría una pulsera electrónica para monitorear permanentemente su ubicación.
El esquema también contempla una severa limitación de sus contactos. Las visitas quedarían restringidas a las personas que sean autorizadas por la corte y la Fiscalía, mientras que sus comunicaciones telefónicas serían intervenidas. Además, la defensa ofreció entregar su pasaporte y asumir todos los costos relacionados con el traslado y la operación del sistema de vigilancia.
La solicitud está sustentada principalmente en los problemas de salud que, según sus representantes legales, Flores ha experimentado durante su permanencia en prisión.
Los abogados aseguran que la ex primera dama, de 69 años, ha presentado dolores en el pecho, arritmias y dificultades respiratorias, además de haber perdido más de 24 libras, equivalentes a unos 11 kilogramos, desde que fue detenida el pasado 3 de enero.
Uno de los episodios que la defensa utiliza como argumento ocurrió el 29 de julio, cuando Flores habría sufrido un cuadro de aproximadamente 30 minutos caracterizado por una fuerte presión en el pecho. Sus abogados sostienen que el episodio aparentemente pudo corresponder a un infarto leve, aunque recalcan que esa posibilidad no ha sido confirmada médicamente.
La defensa sostiene además que Flores necesita un tratamiento cardíaco especializado y que el centro federal donde se encuentra recluida no cuenta, según su versión, con todas las condiciones necesarias para proporcionarle el tratamiento y recuperación que requiere.
La petición, sin embargo, no plantea que Flores quede en libertad sin controles. Por el contrario, sus abogados ofrecen un mecanismo de vigilancia permanente que incluye custodia armada, monitoreo electrónico, control de visitas, intervención de llamadas y retención del pasaporte, condiciones destinadas a garantizar que permanezca bajo jurisdicción de las autoridades estadounidenses.
Un proceso que mantiene la atención internacional
La situación de Flores forma parte de un proceso judicial que comenzó después de la operación estadounidense del 3 de enero de 2026, denominada “Resolución Absoluta”, mediante la cual fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas a Nicolás Maduro y Cilia Flores y posteriormente los trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos federales.
Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo. La Fiscalía estadounidense sostiene sus propias alegaciones sobre la participación de los acusados en actividades vinculadas al tráfico de cocaína, mientras la defensa ha cuestionado distintos aspectos del proceso.
El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio previsto del juicio oral. Antes de esa fecha, el proceso continuará con audiencias y la discusión de las mociones presentadas por las defensas.
En el caso particular de Flores, el tribunal deberá determinar ahora si las condiciones médicas alegadas por sus abogados justifican sustituir su actual reclusión por un régimen de arresto domiciliario bajo las estrictas medidas propuestas. Una audiencia sobre esta solicitud fue fijada para el 8 de octubre de 2026.
Así, el expediente judicial de la esposa de Maduro incorpora ahora un nuevo elemento: su estado de salud y la disputa sobre cuál debe ser el lugar y las condiciones de su detención mientras espera un juicio que, por el momento, está previsto para el próximo año.