By Rafael Castro 
Santo Domingo-RD
En el mes de octubre la Dirección General de Migración deportó a 40,521 extranjeros en condición migratoria irregular, luego de detener a 44,414 personas mediante operativos de interdicción realizados en distintos puntos del territorio nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado.
Las acciones forman parte de la estrategia de las autoridades para reforzar el control fronterizo y migratorio, combatir la permanencia irregular de extranjeros en el país y garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación dominicana.
De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por la institución, los operativos se extendieron a comunidades urbanas y rurales, establecimientos comerciales, fincas agrícolas y proyectos de producción agropecuaria, donde fueron identificados cientos de ciudadanos extranjeros que no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en República Dominicana.
Entre las intervenciones realizadas figuran inspecciones en fincas y proyectos agrícolas de San Francisco de Macorís, Moca y San Juan, donde las autoridades detectaron cerca de 700 extranjeros en situación migratoria irregular.
Asimismo, los equipos de interdicción realizaron jornadas de supervisión en establecimientos comerciales de las provincias Duarte, Peravia, San Pedro de Macorís y La Romana, así como en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
En esta última demarcación, los operativos abarcaron sectores como Pantoja, Los Girasoles, Sabana Perdida y Villa Mella, además de importantes corredores viales como las avenidas Ecológica, Independencia y Luperón, y el kilómetro 9 de la autopista Duarte.
Depuración de alertas migratorias
Como parte de las acciones de modernización y organización de los procedimientos migratorios, la DGM informó que, en coordinación con la Procuraduría General de la República, retiró 56,140 registros del sistema de impedimentos de salida y alertas migratorias.
La institución explicó que esas depuraciones se realizaron en los casos en que los registros no cumplían con los requisitos legales para mantenerse activos o habían agotado la finalidad para la cual fueron establecidos.
De igual manera, las autoridades impidieron la entrada al territorio dominicano de 29 personas, quienes fueron devueltas a sus lugares de procedencia por incumplimientos de las disposiciones migratorias o por razones vinculadas con la seguridad nacional.
Capacitación y cooperación internacional
En otro orden, Migración continuó el proceso de formación de 300 aspirantes a agentes migratorios, quienes participan en un programa de capacitación de 16 semanas que contempla preparación física, entrenamiento militar y conocimientos relacionados con las funciones de control y supervisión migratoria.
La entidad también avanzó en el fortalecimiento de la cooperación internacional mediante acuerdos de intercambio de información con representantes de la Policía y la Armada de Colombia, con el propósito de mejorar los mecanismos de coordinación y las capacidades de respuesta frente a los desafíos de seguridad y gestión migratoria.
Otro de los aspectos abordados por la institución fue la situación documental de los prospectos extranjeros que participan en el béisbol profesional, para lo cual sostuvo acercamientos con empresarios vinculados a las Grandes Ligas y representantes del Comisionado Nacional de Béisbol.
Estas conversaciones buscan facilitar los procedimientos de documentación de los jóvenes peloteros extranjeros que llegan al país para desarrollar sus habilidades y participar en los programas de formación de las organizaciones de las Grandes Ligas.
La Dirección General de Migración sostuvo que las medidas ejecutadas durante octubre responden a la necesidad de optimizar los procedimientos de control, fortalecer la seguridad nacional y garantizar una gestión migratoria más eficiente.
La institución reiteró que continuará desarrollando operativos de interdicción y acciones de coordinación con los organismos militares, policiales y judiciales, bajo el compromiso de hacer cumplir las leyes migratorias y respetar los derechos humanos de las personas intervenidas.