By Rafael Castro 
SANTO DOMINGO.–
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 87-26, que introduce importantes modificaciones al sistema de justicia digital de la República Dominicana, al establecer como prioridad la tramitación electrónica de los procesos judiciales, sin eliminar el derecho de los ciudadanos a recibir atención presencial en los tribunales.
La nueva legislación modifica varios artículos de la Ley núm. 339-22 sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial e incorpora nuevas disposiciones dirigidas a modernizar los procedimientos, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar un servicio judicial más ágil, transparente y accesible.
Entre los principales cambios figura la incorporación de conceptos fundamentales para el funcionamiento de la justicia electrónica, como autenticación, acto jurisdiccional electrónico, buzón judicial digital, expediente electrónico, plataforma digital y protección contra la falsificación digital, conocida como spoofing.
La normativa también establece especificaciones relacionadas con la firma electrónica y la firma digital cualificada, mecanismos que permitirán a jueces, servidores judiciales, auxiliares, oficiales de la justicia y órganos administrativos rubricar sentencias, resoluciones, autos y otros documentos institucionales con plena validez jurídica, sin necesidad de certificaciones adicionales.
Uno de los aspectos centrales de la legislación es que la utilización de plataformas digitales tendrá carácter prioritario en la tramitación de los procedimientos ante el Poder Judicial.
Sin embargo, esta disposición no significa que desaparecerá la atención tradicional, ya que se mantiene la posibilidad de acudir presencialmente a cualquiera de las sedes judiciales.
En ese sentido, la ley establece expresamente que la tecnología no podrá convertirse en un obstáculo para acceder a la justicia. Por tanto, las personas que no dispongan de equipos tecnológicos, conexión a internet o conocimientos suficientes para utilizar las plataformas digitales tendrán garantizado el derecho a realizar sus trámites de manera presencial.
Georreferenciación para los alguaciles
Otra de las novedades de la Ley 87-26 es la creación del sistema digital de georreferenciación ministerial, mediante la incorporación del artículo 12.1, que estará bajo la administración del Poder Judicial.
Esta herramienta tecnológica permitirá registrar en tiempo real la fecha, la hora oficial y las coordenadas geoespaciales de cada diligencia procesal realizada por los alguaciles, con el propósito de fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la certeza de las actuaciones judiciales efectuadas fuera de los tribunales.
El mecanismo permitirá disponer de registros digitales sobre el lugar y el momento en que se ejecuten las diligencias, aportando mayores garantías sobre la realización de las notificaciones y demás actuaciones procesales.
Audiencias virtuales
La nueva legislación también redefine el alcance de las audiencias virtuales y autoriza su utilización en todas las materias judiciales, con excepción de la penal, salvo los casos expresamente contemplados en la propia normativa.
Asimismo, establece las condiciones para desarrollar audiencias bajo las modalidades presencial, semipresencial y virtual, tomando en consideración las características de cada procedimiento y las necesidades del servicio judicial.
La disposición contempla, además, mecanismos de contingencia para garantizar la continuidad de las operaciones ante situaciones imprevistas, casos fortuitos, fuerza mayor o estados de excepción.
Con la promulgación de esta legislación, el sistema judicial dominicano incorpora nuevas herramientas para avanzar hacia la digitalización de sus servicios, al tiempo que establece garantías para que ningún ciudadano quede excluido de los procedimientos por carecer de acceso a la tecnología.
La Ley núm. 87-26 entrará en vigencia después de su promulgación y publicación oficial, una vez transcurridos los plazos establecidos por la Constitución de la República y el Código Civil dominicano.