By Rafael Castro 
PUNTA CANA, República Dominicana. –
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) encendió las alarmas sobre el progresivo deterioro de la libertad de prensa en el continente americano. Durante la 81ª Asamblea General celebrada en el hotel Westin de Punta Cana, periodistas de toda la región denunciaron el acoso, la violencia, la persecución judicial y las estrategias gubernamentales que buscan silenciar las voces críticas.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), presentó el informe general sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas, advirtiendo que “la escalada de presiones contra el ejercicio periodístico se ha acelerado, afectando el derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados”.
“Desde la SIP insistimos en que las libertades de expresión y de prensa son elementos indispensables para la vigencia de la democracia”, subrayó Ramos, quien alertó sobre el uso del aparato judicial, la presión económica, la censura digital y el hostigamiento como formas modernas de represión.
El documento presentado revela un panorama sombrío: desde Canadá hasta Argentina, periodistas enfrentan acoso judicial, amenazas, agresiones y campañas de difamación impulsadas desde sectores del poder.
Ramos citó casos en los que gobiernos contratan “operadores digitales” o “influencers” para atacar a comunicadores críticos, como ocurre en Colombia, Argentina y Costa Rica.
“El efecto cascada que producen las descalificaciones y ataques desde el poder ponen en riesgo el ejercicio diario de nuestros periodistas y medios de comunicación”, enfatizó Ramos.
Testimonios desde el continente
Las denuncias expuestas por representantes de varios países retratan un escenario preocupante:
Haití: El periodista Joseph Guyler Delva, cuya salida del país fue facilitada por la SIP debido a amenazas de muerte, denunció que el gobierno utiliza fondos públicos para financiar campañas de difamación y vincular falsamente a periodistas con pandillas.
Perú: Rodrigo Salazar Zimmermann, del Consejo de la Prensa Peruana, reportó que un 80% de las querellas contra periodistas provienen de funcionarios públicos o sus familiares, con unas 30 denuncias anuales que buscan intimidar y desgastar.
Guatemala: Mariano Sandoval, de Prensa Libre, advirtió que el país “está al borde de la ingobernabilidad” y que continúan los procesos judiciales arbitrarios contra comunicadores, como el caso emblemático de José Rubén Zamora, detenido desde 2022.
Honduras: Sebastián Pastor, de Televicentro, señaló que “en las últimas dos décadas más de 100 comunicadores fueron asesinados y en el 88% de los casos permanece impune”, reflejando la fragilidad de la democracia y el temor que provoca la autocensura.
Panamá: Rita Vásquez, de La Prensa, denunció el uso de demandas millonarias —que suman más de 60 millones de dólares— como arma de presión económica, además del condicionamiento de la publicidad estatal.
México: Luciano Pascoe, de TV Azteca, afirmó que la judicialización y el hostigamiento son mecanismos que buscan acallar a las voces críticas del régimen.
Un llamado urgente
Ramos destacó que la violencia contra periodistas ha crecido proporcionalmente más en Perú, mientras que El Salvador ha forzado al exilio a decenas de comunicadores, una tendencia que recuerda lo ocurrido en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Ante este panorama, la SIP reafirmó su compromiso de “seguir denunciando y alertando sobre cualquier amenaza contra la libertad de prensa en el hemisferio”.
Con más de 1,300 medios afiliados en todo el continente y sede en Miami, la SIP continúa siendo una voz clave en la defensa del periodismo libre y responsable. Su 81ª Asamblea General no solo se convirtió en un espacio de denuncia, sino también en un recordatorio de que el periodismo independiente sigue siendo un pilar fundamental para la democracia en las Américas.