By Rafael Castro 
Por Marino Ramírez Grullon
Muchas veces, el presidente de turno evita sustituir a determinados funcionarios por temor a la ola de cancelaciones que suele desatarse en las instituciones públicas cada vez que se produce un relevo. Esa práctica no es nueva en la administración dominicana.
Desde los gobiernos de Joaquín Balaguer, el país se acostumbró a observar cómo algunos funcionarios permanecían largos períodos en sus cargos y solo eran destituidos cuando surgía algún escándalo, un rumor persistente o una actuación cuestionable. La permanencia prolongada se convirtió, en muchos casos, en una fórmula para garantizar estabilidad política interna.
Otros mandatarios también recurrieron a esa estrategia, muchas veces para evitar persecuciones o enfrentamientos dentro de su propia organización política, lo que generaba tensiones y ruidos innecesarios en el tren gubernamental.
En la actualidad, el panorama no parece muy distinto. El presidente Luis Abinader ha procurado mantener equilibrio y equidad en sus gestiones; sin embargo, existen funcionarios que no contribuyen a ese propósito y cuya permanencia termina afectando la imagen y el desempeño institucional.
A esta realidad se suman las llamadas investigaciones periodísticas difundidas en medios nacionales, muchas veces acompañadas de documentos obtenidos por vías no siempre claras. En ocasiones, más que investigaciones profundas y sustentadas, parecen filtraciones de datos cuya procedencia y veracidad no resultan fácilmente comprobables, lo que añade más presión al escenario político y administrativo.
El actual gobierno ha intentado posicionar la lucha contra la corrupción y los malos manejos de fondos públicos como uno de sus principales estandartes. No obstante, los resultados aún generan escepticismo en amplios sectores de la sociedad. Aunque se han sometido a la justicia exfuncionarios de administraciones anteriores y también del presente gobierno, las condenas impuestas hasta ahora han sido consideradas mínimas por parte de la opinión pública.
Da la impresión de que el entramado legal bajo el cual opera la justicia dominicana no siempre logra satisfacer las expectativas sociales. Con frecuencia, tras largos procesos judiciales, los resultados no parecen traducirse en sanciones ejemplares, dejando la sensación de impunidad y frustración colectiva.
Mientras tanto, continúan las cancelaciones de empleados vinculados a funcionarios que salen de sus cargos. Estos movimientos, lejos de limitarse a los niveles directivos, terminan afectando a servidores públicos que cumplen con honradez y responsabilidad sus funciones. Cada cambio de mando suele venir acompañado de reajustes que impactan negativamente a trabajadores que nada tienen que ver con disputas internas.
A esto se agrega que el partido oficial, el Partido Revolucionario Moderno, en ocasiones no asume una defensa firme de sus propios miembros cuando son destituidos por decisiones tomadas dentro de la misma estructura gubernamental. Esta situación, aunque no exclusiva de la actual administración, se percibe como un patrón que se repite con distintos matices en cada período de gobierno.
Evidentemente, estos episodios no son nuevos en la historia política dominicana. Sin embargo, cada vez que se produce un relevo institucional y se desencadenan disputas internas o “vendetas” administrativas, la imagen del Estado y del partido gobernante resulta erosionada.
Aún hay tiempo para que se imponga la sensatez. Es necesario revisar prácticas que convierten los cambios de funcionarios en escenarios de retaliación y maltrato entre compañeros. Las instituciones públicas no pertenecen a individuos ni a grupos particulares; pertenecen al Estado y, en consecuencia, a la ciudadanía.
Al final del camino, el mayor perjudicado suele ser el propio partido en el poder. El descontento generado por conflictos internos y decisiones percibidas como injustas termina pasando factura en las urnas. Cuando llegan las elecciones, el malestar acumulado se transforma en votos de castigo, recordando que la administración pública debe estar guiada por la institucionalidad y no por intereses personales o coyunturales.