By Rafael Castro 
Por: Rafael R. Ramírez Ferreira
“No te enfades con el pozo seco;
pregúntate, más bien, por qué insistes en sacar
agua de donde sabes que no la hay”.
Esa podría ser, en esencia, la pregunta que como sociedad deberíamos formularnos frente a una clase política que, desde hace tiempo, parece haberse vuelto impermeable a los reclamos de quienes no forman parte de sus círculos de poder.
La indiferencia ante las necesidades colectivas y la conversión de la actividad política en un negocio han erosionado gravemente la confianza pública, mientras el uso del erario y de marcos legales diseñados a conveniencia alimenta una percepción creciente de abuso e impunidad.
Pocas actividades públicas parecen hoy tan desacreditadas como el ejercicio de la política. Con frecuencia, las opiniones ciudadanas son tratadas como irrelevantes frente a discursos que invocan sacrificios y compromisos con el bienestar general, aunque muchas veces tales afirmaciones no trascienden el plano retórico. El resultado es una nación donde amplios sectores perciben que intereses particulares se han impuesto sobre el bien común.
A ello se suma la existencia de organizaciones políticas sostenidas con recursos públicos bajo esquemas que, a juicio de muchos ciudadanos, carecen de suficiente legitimidad social. Al final, es la población contribuyente la que financia estructuras que con demasiada frecuencia parecen responder más a lógicas de supervivencia, reparto y conveniencia que a una verdadera vocación de servicio.
Partidos que en otro tiempo representaron ideales, sacrificios y proyectos colectivos han ido cediendo espacio, en numerosos casos, a prácticas marcadas por el oportunismo. Cuando el acceso al poder es depender únicamente del voto útil, del financiamiento sin transparencia o de alianzas sustentadas en conveniencias coyunturales, se debilitan los principios que deberían orientar la vida democrática.
Por ahora, basta con observar el deterioro del liderazgo político para advertir la magnitud del problema. Si a ello se añadiera una revisión del desempeño de otras instituciones llamadas a garantizar equilibrio y control, el diagnóstico sería todavía más preocupante.
El sostenimiento de este aparato partidario se ha convertido, para muchos, en uno de los gastos públicos más difíciles de justificar desde una perspectiva ética y social. Mientras persisten el clientelismo y el uso ineficiente de los recursos, la ciudadanía oscila entre la resignación y el temor, lo que contribuye a perpetuar una situación que atenta contra la dignidad cívica y el fortalecimiento institucional.
La situación ha llegado a un punto en el que ciertos liderazgos exhiben con naturalidad mecanismos de protección política y legal construidos desde el propio poder. Esa práctica, lejos de fortalecer el Estado de derecho, profundiza la desconfianza ciudadana y consolida la impresión de que las normas se utilizan más para blindar responsabilidades que para garantizar justicia.
Ante este panorama, podría parecer que no queda espacio para la esperanza. Sin embargo, la salida no puede ser la resignación. Toda transformación democrática comienza cuando la ciudadanía decide dejar de normalizar aquello que la perjudica, exigir responsabilidad pública y rechazar de manera firme la continuidad de prácticas que degradan la vida nacional. ¡Sí señor!