By Rafael Castro 
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el recurso de apelación interpuesto por Adán Benoni Cáceres Silvestre, quien solicitaba la extinción de la acción penal en su contra por alegado vencimiento del plazo máximo de duración del proceso en el caso de presunta corrupción administrativa
Con esta decisión, el tribunal confirmó en todas sus partes la Resolución Penal número 249-02-2025-SRES-00089, emitida el 5 de agosto de 2025 por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que previamente había rechazado la misma solicitud.
En esa ocasión, los jueces consideraron que el tiempo transcurrido en el proceso resulta razonable, tomando en cuenta la naturaleza y complejidad del expediente.
Cáceres Silvestre, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una red de corrupción que habría desfalcado al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, argumentó que la resolución impugnada incurrió en “motivación aparente”.
Según su defensa, el tribunal de primer grado se limitó a invocar la complejidad del caso y la razonabilidad del tiempo sin detallar las supuestas dilaciones ni establecer responsables de las mismas.
El recurso más reciente fue depositado el 30 de septiembre de 2025 por sus abogados Cristian Alberto Martínez, Roer Antonio Jiménez, Jesús Ramos Ramos y Francisco Álvarez Aquino, quienes pidieron revocar la decisión y declarar extinguida la acción penal.
La barra de la defensa sostuvo que se vulneraron los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, al desconocerse a su juicio el límite de cuatro años establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal.
Asimismo, alegaron errores de derecho, contradicción en los fundamentos de la decisión, desnaturalización del concepto de complejidad, violación de criterios constitucionales vinculantes y motivación insuficiente.
No obstante, la Corte desestimó los planteamientos y ratificó que el proceso debe continuar su curso, manteniendo vigente la persecución penal contra el imputado en uno de los casos de presunta corrupción administrativa de mayor envergadura en los últimos años.