By Rafael Castro 
Santo Domingo, RD. – 10 de agosto de 2026.
El Círculo de Periodistas Aeroportuarios (CIPA), junto a defensores de los derechos civiles, denunció lo que calificó como un grave intento de imponer una “ley mordaza” a la prensa y una presunta persecución contra el veterano periodista Tomás Ventura, a raíz de acciones legales e intimidatorias que, según la organización, han sido promovidas por el director de Medicamentos e Insumos del Servicio Nacional de Salud (SNS), Omar García Castillo.
El gremio periodístico consideró que la situación constituye un serio motivo de preocupación para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, particularmente en el municipio de Boca Chica, donde Ventura desarrolla parte de su labor informativa.
De acuerdo con el CIPA, las acciones emprendidas contra el comunicador no deben ser vistas únicamente como una diferencia entre particulares, sino como un episodio que podría tener repercusiones sobre el ejercicio de la prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información sobre asuntos de interés público.
La entidad sostuvo que la ofensiva judicial y pública denunciada contra Ventura representa, a su juicio, un intento de utilizar mecanismos legales para presionar al periodista y limitar su labor de investigación, denuncia y difusión de informaciones.
Cuestionan selectividad de las acciones
Uno de los aspectos que más cuestiona el CIPA es el alcance de las acciones legales. Según la organización, el origen de la controversia se encuentra en una denuncia pública formulada por el empresario Luis Gustavo Decena García, quien habría señalado una supuesta invasión de terrenos pertenecientes al antiguo Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Sin embargo, el gremio sostiene que Decena García, quien habría realizado la denuncia que dio origen a la información difundida por el periodista, no fue incluido en las acciones legales.
Para el CIPA, esta circunstancia genera interrogantes sobre el verdadero propósito de la ofensiva y sobre si el objetivo final sería establecer responsabilidades jurídicas o, por el contrario, ejercer presión directamente sobre el comunicador que difundió el contenido.
La organización calificó esta situación como una actuación “selectiva” y sostuvo que la exclusión de quien habría originado públicamente la denuncia y la concentración de las acciones sobre el periodista constituyen elementos que deben ser observados con especial atención.
El gremio insistió en que un periodista no puede convertirse en el único objetivo de una controversia surgida a partir de informaciones que involucran denuncias de interés público.
CIPA alerta sobre el uso del poder estatal
El Círculo de Periodistas Aeroportuarios manifestó además su preocupación por la condición de funcionario público de García Castillo y advirtió sobre el peligro que representaría, según su valoración, utilizar una posición dentro del Estado para enfrentar cuestionamientos o informaciones difundidas por la prensa.
El gremio recordó que los funcionarios públicos, debido precisamente a la naturaleza de sus responsabilidades, están sujetos al escrutinio de los medios de comunicación y de la sociedad.
“Los servidores públicos están sujetos a la fiscalización social, por lo que judicializar el trabajo periodístico evidencia un afán autoritario por evadir explicaciones”, afirmó el CIPA al fijar su posición sobre el caso.
La organización que agrupa a los periodistas aeroportuarios consideró que recurrir a acciones judiciales contra periodistas por el contenido de informaciones publicadas puede generar un efecto intimidatorio que trascienda al comunicador directamente involucrado y termine afectando a otros profesionales de la prensa.
Según el CIPA, el mensaje que podría recibir la prensa local es que investigar, cuestionar o publicar denuncias relacionadas con funcionarios o personas vinculadas al poder puede traer como consecuencia represalias legales.
Temen efecto intimidatorio sobre la prensa
El gremio periodístico sostuvo que el caso de Ventura debe ser observado más allá de sus aspectos particulares, debido a las posibles consecuencias que podría tener sobre el ejercicio de la libertad de prensa en Boca Chica y otras comunidades.
La organización entiende que cualquier diferencia surgida a partir de una publicación periodística debe ser enfrentada mediante los mecanismos establecidos por las leyes, incluyendo el derecho a réplica y las vías judiciales correspondientes, pero sin convertir esos instrumentos en mecanismos de intimidación contra los profesionales de la comunicación.
En ese sentido, el CIPA expresó su solidaridad con Tomás Ventura y calificó las acciones denunciadas como una presunta persecución política y profesional.
Asimismo, reclamó a las autoridades correspondientes que vigilen el uso de recursos y mecanismos oficiales en controversias relacionadas con el ejercicio del periodismo, a fin de evitar que las instituciones públicas puedan ser utilizadas para presionar o silenciar a comunicadores.
Llamado a proteger la libertad de expresión
La organización hizo un llamado a los sectores vinculados con la defensa de los derechos civiles, a las asociaciones periodísticas y a la sociedad en general a mantenerse atentos al desarrollo del proceso.
El CIPA sostuvo que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático y que su protección no puede depender de la condición política, económica o institucional de las personas involucradas.
A juicio del gremio, los periodistas tienen la responsabilidad de informar sobre hechos que puedan ser de interés para la ciudadanía, mientras que quienes se consideren afectados por una publicación disponen de mecanismos legales para responder, aclarar o rectificar las informaciones que entiendan incorrectas.
En el caso de Ventura, el CIPA reiteró que estará atento al desarrollo de las acciones legales y manifestó que no permitirá, según expresó, que se utilice el miedo como mecanismo para limitar el ejercicio periodístico.
La comunidad periodística de Boca Chica y otros sectores de la prensa se mantienen en alerta ante el caso, mientras el gremio insiste en que cualquier controversia debe resolverse dentro del marco de la ley, respetando tanto el derecho al honor como la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
Para el CIPA, permitir que las diferencias entre funcionarios y periodistas se conviertan en mecanismos de presión contra la prensa constituiría un peligroso precedente y un retroceso para las garantías democráticas que protegen el ejercicio del periodismo en la República Dominicana.