By Rafael Castro 
10 de agosto 2026
Por Ramón A. Rodríguez Veras
El autor, General R. de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas
Antes de volver a dividir el mapa dominicano, convendría preguntarnos cuánto cuesta cada nueva raya y, sobre todo, qué problema público resuelve. La República Dominicana tiene hoy 31 provincias y el Distrito Nacional. Y, sin que el tema haya provocado todavía una discusión nacional de la magnitud que merece, el Congreso tiene sobre la mesa dos proyectos que podrían llevarnos a 33 provincias.
Uno propone crear Santa Lucía, separando de San Juan los municipios de Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo. El otro plantea crear Matías Ramón Mella, tomando de la actual provincia Santo Domingo los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y La Victoria. Ambas iniciativas comenzarán a ser estudiadas en la nueva legislatura.
Podemos discutir los méritos particulares de cada propuesta. Pero hay un asunto previo que rara vez forma parte de la discusión pública dominicana: ¿cuántas provincias necesita realmente un país de nuestro tamaño para ser bien administrado? No cuántas quieren sus comunidades. No cuántas resultan políticamente convenientes. No cuántos nombres de próceres quedan por honrar en el mapa.
¿Cuántas necesitamos? La pregunta parece sencilla, pero obliga a revisar una práctica dominicana muy arraigada: cuando una comunidad siente que el Estado está lejos, tendemos a crear otra demarcación, otra oficina, otra estructura administrativa. Suponemos que acercar físicamente la burocracia equivale a descentralizar el poder.
No necesariamente. Nuestra propia Constitución hace una distinción que ayuda a entender el problema. La provincia es definida como una demarcación política intermedia y el gobernador provincial es designado por el Poder Ejecutivo. En cambio, son el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales los que constituyen la base de la administración local, tienen patrimonio propio y autonomía presupuestaria y administrativa.
Más aún, la Constitución ordena propiciar la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales. Esto obliga a mirar el tema desde otra perspectiva. Crear una provincia no equivale, por sí mismo, a descentralizar. Una nueva provincia sigue dependiendo en gran medida del Gobierno central. Lo que hacemos es crear una nueva unidad política y administrativa dentro del mismo Estado centralizado. Y esa unidad viene acompañada de consecuencias.
Hay que designar una gobernación. Hay que elegir un senador adicional, porque la Constitución establece uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Aparece la necesidad de reorganizar la representación electoral y, en la práctica, comienzan las demandas para establecer oficinas provinciales de ministerios y direcciones generales, estructuras judiciales, electorales y administrativas. Todo eso requiere locales, personal, vehículos, seguridad, tecnología, mantenimiento y presupuesto año tras año.
El criterio que debería orientar la decisión, entonces, no puede limitarse a determinar si una comunidad “merece” convertirse en provincia. Hay que demostrar que el beneficio económico y social de hacerlo supera su costo. Y ahí encontramos algo interesante con los dos proyectos que se discuten actualmente: no son casos comparables.
La provincia Santo Domingo tenía 2,769,589 habitantes en el Censo de 2022. Es, por mucho, la provincia más poblada del país y concentra por sí sola aproximadamente una cuarta parte de la población dominicana. San Juan, en cambio, registró 244,667 habitantes. Por eso sería un error aprobar o rechazar ambas propuestas bajo el mismo razonamiento.
Dividir administrativamente una provincia con casi 2.8 millones de habitantes puede tener argumentos de eficiencia que merecen ser estudiados sensatamente. En un territorio metropolitano de esa magnitud, con Santo Domingo Norte, Oeste, Este, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Boca Chica y otras demarcaciones experimentando realidades urbanas muy distintas, podría demostrarse que una reorganización territorial mejora determinadas funciones del Estado. Pero incluso allí debería hacerse primero el estudio.
En el caso de San Juan, la carga de la prueba debería ser todavía mayor. Las Matas de Farfán tiene, según el Censo de 2022 citado por el propio proyecto, 48,179 habitantes. La propuesta argumenta su actividad agrícola, ganadera y comercial y plantea unirla con El Cercado y Vallejuelo para formar Santa Lucía.
Es legítimo que esas comunidades quieran más atención del Estado. Lo que no está demostrado es que convertirse en provincia sea la forma más eficiente de conseguirla. Si Las Matas de Farfán necesita mejores hospitales, carreteras, oficinas públicas, agua, apoyo agropecuario, seguridad, educación o facilidades para hacer trámites, ¿por qué la única solución tendría que ser crear una provincia?
Podríamos terminar gastando dinero administrando una nueva demarcación que habría sido más útil invirtiéndolo directamente en los problemas que justificaron su creación. Ahí está, a mi juicio, el centro de la discusión. El Estado del siglo XXI no tiene que estar físicamente en todas partes. La tecnología está cambiando rápidamente el concepto de distancia administrativa.
Hace veinte años tenía cierto sentido argumentar que un ciudadano debía trasladarse hasta una cabecera provincial porque allí estaba el funcionario, el expediente, el sello, el archivo y la firma. En 2026 esa explicación comienza a perder fuerza.
La República Dominicana ya está construyendo una plataforma de interoperabilidad mediante la cual más de 80 instituciones públicas intercambian información, precisamente para evitar que el ciudadano tenga que llevar de una oficina a otra documentos que el propio Estado ya posee.
El programa Burocracia Cero reportó que la simplificación de trámites prioritarios redujo sus tiempos en alrededor de 70 % durante 2025 y generó, según las cifras oficiales, ahorros superiores a RD$2,000 millones para ciudadanos y Estado. El MAP puso además en funcionamiento en marzo de este año el SISMAP Burocracia Cero, comenzando con 362 trámites públicos.
Ese es el camino en el que deberíamos profundizar. Si una persona de Vallejuelo puede resolver un trámite desde su teléfono, o realizarlo en una oficina multiservicios de su municipio conectada digitalmente con Santo Domingo, la distancia hasta la cabecera provincial pierde buena parte de su importancia.
Y sale considerablemente más barato que mantener una nueva estructura provincial durante los próximos cincuenta años. Pero la digitalización tampoco lo resuelve todo. Hay servicios que necesariamente son territoriales: hospitales, escuelas, seguridad, mantenimiento vial, agricultura, justicia, agua potable. En esos casos tenemos otra herramienta: la desconcentración administrativa.
El propio Ministerio de Administración Pública reconoce la posibilidad de transferir funciones hacia órganos territoriales subordinados sin necesidad de crear nuevas entidades. Es perfectamente posible acercar una oficina de Agricultura, Salud, Pasaportes o cualquier otro servicio a una población sin convertir esa población en provincia.
En otras palabras: podemos acercar el Estado sin multiplicar el Estado. Ya creamos regiones. Usemos las regiones. Hay otra contradicción que merece atención. En 2022 aprobamos la Ley 345-22 y organizamos el país en diez regiones únicas de planificación: Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Valdesia, Enriquillo, El Valle, Yuma, Higuamo y Ozama. La intención fue precisamente coordinar territorialmente las políticas públicas, la inversión y el desarrollo, articulando Gobierno central y gobiernos locales.
Ese mismo año aprobamos la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Y actualmente el Gobierno desarrolla planes municipales de ordenamiento territorial en decenas de municipios, con la meta anunciada de superar los 60 territorios estratégicos y cabeceras provinciales antes de 2028.
Sería extraño que, al mismo tiempo que intentamos consolidar regiones para coordinar mejor el territorio, continuemos fragmentando provincias sin una política nacional que establezca hasta dónde debemos llegar. No significa congelar para siempre el mapa político dominicano. Significa ponerle reglas.
Antes de crear otra provincia el Congreso debería aprovechar estas dos propuestas para hacer algo más trascendente que aprobarlas o rechazarlas: establecer criterios objetivos para cualquier futura modificación territorial, que también contemplen la disminución del número de provincias si las condiciones de coordinación territorial lo permiten.
Una provincia nueva debería requerir previamente un estudio independiente de impacto fiscal. No solamente cuánto cuesta crearla el primer año, sino cuánto costarán durante diez o veinte años la gobernación, la representación política, las estructuras administrativas y los servicios asociados.
También debería demostrarse qué trámites o servicios no pueden ser resueltos mediante digitalización, desconcentración administrativa, fortalecimiento municipal o regionalización. Habría que evaluar población, extensión territorial, actividad económica, conectividad, tiempos reales de desplazamiento, capacidad de generación de ingresos, infraestructura existente y sostenibilidad presupuestaria.
Y debería haber una reflexión seria: ¿qué institución nueva desaparecerá o reducirá su estructura cuando creemos la nueva? Porque nuestro problema histórico no suele ser crear. Es cerrar. Creamos municipios, distritos municipales, provincias, direcciones, consejos, comisiones y oficinas. Cada una nace con una razón que en algún momento pareció válida. Muy pocas son posteriormente evaluadas para determinar si todavía hacen falta.
Así se construye la burocracia: no necesariamente mediante grandes decisiones, sino mediante pequeñas capas que nunca se retiran. El mapa no puede sustituir a la gestión. Hay comunidades dominicanas con razones perfectamente válidas para sentirse olvidadas por el Estado. Negarlo sería desconocer la realidad del país.
Pero una comunidad no se desarrolla porque cambie la denominación que aparece debajo de su nombre en un formulario. Se desarrolla cuando tiene carreteras transitables; agua; electricidad confiable; escuelas que enseñan; hospitales que funcionan; seguridad; conectividad; crédito; infraestructura productiva; instituciones capaces de responder y oportunidades para que sus jóvenes no tengan que marcharse.
Nada de eso exige necesariamente una provincia nueva. La República Dominicana está planteándose duplicar su PIB real hacia 2036, modernizar el Estado, digitalizar los servicios públicos y competir en una economía cada vez más tecnológica. En ese contexto, resulta razonable preguntarnos si la respuesta a los problemas territoriales del futuro debe seguir siendo una herramienta esencialmente administrativa del pasado: dividir nuevamente el mapa.
Quizás algunas provincias sí deban dividirse. Santo Domingo, por su dimensión demográfica, merece que esa posibilidad sea estudiada sin prejuicios. Quizás otras no. Lo que no deberíamos seguir haciendo es decidirlo sin números.
Cada nueva provincia debería nacer porque un estudio demuestre que permitirá al Estado gastar mejor, prestar mejores servicios y administrar mejor el territorio. Nunca simplemente porque crearla resulte políticamente atractivo.
Tenemos suficientes experiencias para cambiar el criterio. Un Estado más cercano al ciudadano no tiene necesariamente más oficinas, más funcionarios ni más demarcaciones. Tiene mejores instituciones. Y antes de agregar otra provincia al mapa de la República Dominicana, ese es el punto que debería ocuparnos.