By Rafael Castro 
Por Marino Ramírez Grullón
Se avecina una nueva ola de cambios en la estructura de la Suprema Corte de Justicia, como ha ocurrido en otras altas cortes del país. En esta ocasión, el proceso contempla a once jueces, incluido el presidente de la Suprema, quienes serán evaluados y, de acuerdo con las decisiones que adopte el Consejo Nacional de la Magistratura, podrían ser ratificados o sustituidos.
La renovación de los integrantes de las altas cortes abre, inevitablemente, el debate sobre el funcionamiento de la justicia dominicana y sobre si los cambios de nombres son suficientes para transformar un sistema que, durante años, ha sido cuestionado por su lentitud, sus costos y las dificultades que enfrentan los sectores más vulnerables para acceder a una justicia efectiva.
En términos generales, los servicios judiciales continúan siendo costosos y, en muchos casos, lentos para quienes carecen de recursos económicos. Para las personas de escasos ingresos, enfrentar un proceso judicial puede convertirse en una verdadera carrera de obstáculos, donde los trámites, los costos administrativos y la espera terminan convirtiéndose en una carga difícil de soportar.
La percepción ciudadana también apunta a una justicia que no siempre funciona con la misma velocidad para todos. Cuando se trata de ciudadanos comunes, los procesos pueden avanzar con rapidez, mientras que determinados expedientes relacionados con personas de poder económico o político parecen extenderse indefinidamente bajo el argumento del debido proceso.
El debido proceso es, naturalmente, una garantía fundamental en cualquier Estado de derecho. Sin embargo, su aplicación no debería convertirse en una herramienta para prolongar indefinidamente los procedimientos ni en un mecanismo que permita que determinados expedientes terminen perdiéndose en el laberinto de las apelaciones, incidentes y recursos legales.
El país tiene numerosos casos de antiguos funcionarios sometidos por presuntos actos de corrupción y desfalco que, después de años de procesos judiciales, terminan sin una respuesta definitiva. También existen expedientes que involucran a personas que han ocupado posiciones de responsabilidad pública y que permanecen durante largos períodos enfrentando acusaciones sin que los tribunales logren establecer una conclusión firme.
La elección de nuevos jueces, incluso de un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, no garantiza por sí sola una transformación profunda del sistema. Cambiar a los responsables de las instituciones sin modificar las prácticas, procedimientos y deficiencias estructurales puede conducir simplemente a una repetición de los mismos problemas.
La justicia necesita mucho más que nuevas designaciones. Necesita eficiencia, transparencia, tecnología, mejores instalaciones, personal suficiente y mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer con facilidad el estado de sus expedientes.
Todavía existen tribunales y edificios judiciales donde los usuarios enfrentan serias dificultades para estacionarse y acceder a las instalaciones. En algunos casos, los pocos espacios disponibles son ocupados por jueces y empleados, mientras los ciudadanos deben buscar alternativas en zonas donde no siempre existen condiciones adecuadas.
Otro problema señalado con frecuencia por abogados y usuarios es la dificultad para obtener información sobre el retraso de expedientes y trámites. Las restricciones existentes para el contacto directo entre abogados y jueces, concebidas para preservar la independencia y transparencia judicial, no deberían impedir que existan canales institucionales eficientes para ofrecer respuestas oportunas sobre el estado de los procesos.
Los costos también representan una preocupación. En los tribunales existen numerosos servicios y procedimientos administrativos que implican gastos para quienes acuden a la justicia. Para una persona con recursos limitados, cada pago adicional puede convertirse en una barrera para continuar adelante con su caso.
A esto se suma una situación que genera preocupación en la sociedad: existen personas condenadas que permanecen en libertad debido a dificultades para ejecutar las sentencias y trasladarlas a los centros penitenciarios correspondientes. También se conocen casos de individuos con múltiples expedientes judiciales que continúan en las calles mientras sus procesos se prolongan durante años.
Cuando una sentencia no se ejecuta oportunamente, la percepción de impunidad aumenta y la confianza de la ciudadanía en las instituciones se deteriora.
Caer en un proceso judicial en República Dominicana puede convertirse, para muchas personas, en una experiencia comparable al laberinto descrito por Dante en La Divina Comedia: un camino largo, complejo y lleno de obstáculos, del que muchas veces parece no existir una salida rápida.
La justicia no puede convertirse en un privilegio reservado para quienes tienen dinero, abogados especializados y capacidad para sostener durante años un proceso. Debe ser un servicio público al alcance de todos, especialmente de aquellos ciudadanos que no tienen recursos para enfrentar largos procedimientos.
Por eso, la renovación de la Suprema Corte de Justicia debe ser aprovechada como una oportunidad para discutir seriamente qué tipo de justicia necesita la República Dominicana.
Los nuevos jueces, sean quienes sean, tendrán ante sí el enorme desafío de recuperar la confianza de una población que reclama tribunales más ágiles, transparentes, accesibles y eficientes.
No basta con cambiar magistrados. Hay que cambiar prácticas, eliminar trabas burocráticas, reducir costos, acelerar los procesos y garantizar que las decisiones judiciales sean cumplidas.
La justicia es una de las columnas fundamentales de cualquier sociedad democrática. Si esa columna se debilita, también se debilita el Estado de derecho.
La República Dominicana necesita una justicia que funcione para todos por igual, que no discrimine por condición económica y que permita que el ciudadano común encuentre en los tribunales una verdadera vía de protección y solución de sus conflictos.
El momento de corregir las deficiencias del sistema es ahora. De lo contrario, continuaremos avanzando por un camino peligroso en el que la falta de respuestas termine profundizando la desconfianza ciudadana y debilitando aún más una de las instituciones esenciales para la estabilidad y el desarrollo del país.