By Rafael Castro 
Santo Domingo, 29 octubre .
Un grupo de 70 ciudadanos dominicanos fue deportado desde Estados Unidos, en el marco de la política migratoria más restrictiva aplicada por la administración del presidente Donald Trump durante su segundo mandato.
El vuelo comercial habilitado especialmente para este tipo de operativos arribó en horas de la tarde al Aeropuerto Internacional de Las Américas–José Francisco Peña Gómez, procedente del estado de Luisiana.
Entre los repatriados se encuentran 65 hombres y cinco mujeres, quienes habían cumplido condenas o enfrentado procesos judiciales por violaciones a las leyes migratorias, tráfico de drogas, y otros delitos vinculados a la venta y posesión de sustancias controladas.
La llegada del grupo activó un amplio dispositivo de seguridad en la rampa noroeste de la terminal aérea, coordinado por agentes de la Dirección General de Migración (DGM), efectivos de la Policía Nacional y miembros de distintas agencias de inteligencia.
Tras su desembarque, los deportados fueron trasladados en autobuses oficiales hacia el Centro de Acogida Vacacional de Haina, donde se llevan a cabo los procesos de identificación, evaluación psicológica y reintegración social.
De acuerdo con estadísticas de la DGM, con este nuevo grupo suman alrededor de tres mil los dominicanos deportados desde territorio estadounidense en lo que va del año 2025.
La mayoría ha sido vinculada a delitos como robos, falsificación de documentos y tráfico de estupefacientes, causas que han motivado su procesamiento judicial y posterior repatriación.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente a estos casos, en coordinación con organismos internacionales, con el objetivo de facilitar la reinserción social y prevenir la reincidencia delictiva.
El incremento de deportaciones coincide con la aplicación de nuevas directrices migratorias en Estados Unidos, que incluyen el fortalecimiento de los controles fronterizos, un aumento de las redadas del ICE en zonas urbanas y mayores obstáculos para acceder a visas, asilo o estatus migratorio legal.
Estas medidas han generado preocupación en comunidades de inmigrantes, especialmente entre los latinoamericanos que residen en situación irregular.