By Rafael Castro 
Por: Rafael R. Ramírez Ferreira
“Detrás de algunas de estas cosas,
que a muchos les da por llamar
locuras, se esconden muchas
e interesantes lógicas”.
En este país existen personas extraordinariamente eficientes en el rol que les corresponde dentro de la sociedad. Sin embargo, también hay otras que, pese a su evidente ineficacia, logran proyectar una imagen distinta gracias a una oratoria hábil, capaz de persuadir a muchos de que representan justamente lo contrario de lo que demuestran con sus hechos.
Es entonces cuando aparecen políticos y funcionarios, de antes y de ahora, que pasan por alto la esencia de los problemas para concentrarse en el adorno, en lo superficial y en lo meramente discursivo. Así ocurre cuando se defiende, sin una mirada crítica, a una Policía Nacional cuya actuación continúa generando serias preocupaciones ciudadanas. Muchos de esos responsables parecen decidir desde la comodidad de sus oficinas, alejados de la realidad que se vive en las calles, y emiten órdenes que con frecuencia resultan poco claras o desconectadas de los hechos.
Conozco bien esa institución y sé que cuestionar públicamente su desempeño puede implicar riesgos. Precisamente por eso resulta necesario hablar con responsabilidad, pero también con firmeza. El problema no se limita a hechos aislados: tiene que ver con prácticas institucionales, estilos de mando y una cultura interna que, en demasiadas ocasiones, parece más preocupada por preservar privilegios que por garantizar seguridad, respeto y confianza a la ciudadanía.
Han sido tantas las permisividades y tantas las irregularidades acumuladas que hoy la institución carga con el peso de sus propias contradicciones. En determinados territorios, la autoridad formal parece ceder espacio ante poderes locales, intereses políticos, redes delictivas o influencias económicas. Esa realidad afecta por igual al ciudadano común, al motorista, al vendedor ambulante y al padre de familia que solo procura trabajar sin ser tratado como sospechoso permanente.
He dicho en muchas ocasiones que una institución llamada a inspirar confianza no puede generar temor. Cuando la presencia policial se percibe como altiva, prepotente o amenazante, se rompe el vínculo básico entre autoridad y ciudadanía. Incluso la forma de presentarse, el lenguaje corporal y la tendencia a recurrir de inmediato al arma de reglamento contribuyen a una imagen que debilita la legitimidad del cuerpo policial.
Resulta preocupante observar actuaciones policiales marcadas por la arrogancia y el trato indiscriminado hacia los ciudadanos, como si todos fueran infractores o delincuentes. Esa actitud alimenta conflictos innecesarios, provoca enfrentamientos verbales y físicos, y termina reforzando prácticas ampliamente cuestionadas, como los llamados “intercambios de disparos”, cuya credibilidad pública se ha visto seriamente erosionada.
La Policía Nacional no puede seguir siendo vista como refugio de personas interesadas únicamente en portar un arma, exhibir un uniforme, ostentar un rango o beneficiarse de una aparente impunidad. Una institución de seguridad pública debe estar compuesta por servidores preparados, responsables y sometidos a controles efectivos. Mientras no haya depuración real, formación continua, supervisión independiente y consecuencias claras para los abusos, el descrédito seguirá creciendo. Por eso, más que defender apariencias, urge una reforma profunda que devuelva a la ciudadanía la confianza en quienes tienen el deber de protegerla. ¡Sí señor!