By Rafael Castro 
Por: Rafael R. Ramírez Ferreira
“Cuando logras vencer tu propia mente,
ahí mismo terminan las batallas”.
Resulta difícil admitir, en este momento, que la experiencia acumulada me ha llevado a observar con cautela ciertas disposiciones e iniciativas públicas, especialmente cuando surgen en contextos de campaña política, donde los intereses particulares pueden influir en la toma de decisiones.
Vivimos en una época en la que la tecnología avanza de manera acelerada. Sin embargo, ese desarrollo no siempre se orienta a mejorar la calidad de vida, reducir el hambre, proteger el ambiente o fortalecer la convivencia humana. En muchos casos, también ha servido para profundizar la insensibilidad, ampliar la capacidad destructiva, manipular poblaciones y alimentar fanatismos políticos o religiosos, situaciones que amenazan el bienestar colectivo.
En síntesis, este tipo de prácticas contribuye al deterioro institucional de nuestra nación. La política, en demasiadas ocasiones, ha terminado asociada a conductas que antes eran socialmente rechazadas. A ello se suma el uso de la publicidad y la propaganda como instrumentos para distorsionar la verdad y favorecer intereses particulares.
Un ejemplo particularmente preocupante es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con nuestra Policía Nacional. Resulta alarmante pensar que una institución llamada a garantizar la seguridad ciudadana pueda verse afectada por prácticas clientelares que dificultan su control y transformación. Esa percepción se agrava cuando quienes tienen la responsabilidad de impulsar soluciones parecen limitarse a administrar un problema que crece día tras día.
Repetir los mismos procedimientos no constituye un avance; por el contrario, mantiene a la institución detenida mientras la sociedad continúa evolucionando. Persistir en errores, prácticas irregulares y responsabilidades incumplidas solo profundiza la desconfianza ciudadana. Es el clásico problema del ingreso de nuevos policías sin que prime una real depuración de quienes son ingresados, donde el método corrupto que se utiliza es más que conocido.
Desde hace algún tiempo, se ha optado por suspender en funciones a miembros policiales involucrados en hechos graves, en lugar de aplicar con rigor las sanciones previstas por el reglamento policial y las leyes correspondientes. Han obviado aquello de que perro huevero aun y le quemen el hocico, vuelven a lo mismo. Y es que todo acto que comprometa la dignidad del uniforme debe ser evaluado con responsabilidad institucional, partiendo del reconocimiento del sentido de pertenencia y de las obligaciones que implica portar ese uniforme.
También se ha desvirtuado el significado de los ascensos, dando lugar a que en numerosos casos no parecen responder a criterios transparentes, protocolos institucionales ni méritos comprobables, presentándose el caso de miembros con rangos superiores, pero con la mentalidad de un raso. Es esta práctica la que permite que personas sin la formación adecuada ingresen o asciendan con rapidez dentro de la institución, especialmente cuando cuentan con respaldo político o vínculos de confianza con figuras de poder.
Esta situación se ha extendido incluso a rangos superiores, donde la influencia política y económica puede afectar la calidad del liderazgo institucional. A estas alturas, la ciudadanía y la propia Policía Nacional reclaman una modernización real, no una reforma limitada a cambios superficiales. Es momento de abandonar los discursos repetidos y asumir, con seriedad, las transformaciones profundas que exige la seguridad pública. ¡Sí señor!